El ex comisario Osvaldo Daniel Toledo, quien fuera jefe de la policía santafesina durante la gestión de Hermes Binner como gobernador, quedó desligado de la causa penal en su contra por enriquecimiento ilícito. En una resolución de inevitable impacto político, un juez penal dispuso el archivo de esas actuaciones por la prescripción de la causa, es decir, porque pasaron más de seis años sin que al jefe policial lo llamaran a prestar declaración. Esto significa que el caso cerró por efecto del paso del tiempo y sin un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto: el supuesto desajuste patrimonial que motivó la investigación.
Toledo, actualmente retirado de la fuerza, integró la lista de una docena de policías de alto rango a quienes la Dirección Provincial de Asuntos Internos investigó por un crecimiento patrimonial al parecer injustificado y cuyos casos llegaron a la Justicia. Luego de una investigación administrativa previa, su legajo se judicializó en 2014 en el ámbito del viejo sistema penal. Este año la defensa del policía solicitó la prescripción de la causa. El juez Juan José Alarcón analizó los plazos y estuvo de acuerdo: concluyó que estaba prescripta desde el 13 de diciembre de 2017.
El dictamen es de abril pasado pero se conoció en estos días, luego de que el mismo magistrado dictara una medida similar respecto de otro de los altos jefes investigados: el policía retirado Rodolfo Romero, quien fuera jefe de la Unidad Regional de Villa Constitución. El paso del tiempo jugó a favor de los dos policías, al extinguirse el tiempo del que disponía el Estado para perseguirlos por un delito. Ese plazo está determinado por el monto de la pena. Para el enriquecimiento ilícito es de 6 años, es decir, la pena máxima prevista para esa figura penal.
Si los delitos son cometidos durante el ejercicio de la función pública, el plazo comienza a correr cuando el funcionario sospechado deja el cargo. Por eso el juez inició el conteo en el momento en que Toledo y Romero cesaron en la actividad policial. Desde entonces, según advirtió, en ninguno de los dos casos existieron actos judiciales capaces de interrumpir la prescripción.
El primer sumario
Toledo y Romero son parte de casi un centenar de policías a quienes Asuntos Internos les abrió sumarios por presunto enriquecimiento ilícito a partir del año 2006. De esos casos, una docena fueron elevados a la Justicia rosarina. Siguiendo órdenes del procurador general de la Corte Suprema provincial, Jorge Barraguirre, en abril de 2014 el entonces fiscal de Cámaras Guillermo Camporini dio instrucciones de reactivar las causas de enriquecimiento policial que permanecían en la etapa administrativa. Por entonces cinco expedientes ya habían sido judicializados, entre ellos el de Romero.
En su instructivo Camporini ponía la lupa sobre otros siete casos. Uno era el de Toledo, quien fue dos años jefe de la policía provincial de Hermes Binner. En diciembre de 2009 asumió el control de la fuerza provincial en reemplazo de Juan Hek y su mandato coincidió con la gestión del ministro de Seguridad Alvaro Gaviola. Dejó el cargo dos años después, al ser designado gobernador Antonio Bonfatti. Fue reemplazado por el comisario Hugo Tognoli, quien renunció a fines de 2012 ante denuncias de complicidad con el narcotráfico y que terminó condenado en un caso y absuelto en otro.
El sumario administrativo de Toledo se había iniciado el 27 de noviembre de 2011 cuando era jefe de policía de Rosario. Le adjudicaban una flotilla de taxis y un campo en Entre Ríos. Por entonces Toledo respondió que desde 1991 era propietario de tres licencias de taxi, dos a nombre de su esposa y una bajo titularidad de su hijo, y que había recibido una herencia. Al arribar a Tribunales el legajo ingresó al juzgado Instrucción Nº 4, a cargo del juez Juan Carlos Vienna.
La causa comenzó a investigarse en ese juzgado, por el que también pasaron otros dos magistrados, aunque Toledo no llegó a ser indagado. En octubre de 2018 la Corte provincial dispuso que todas las causas del régimen conclusional, iniciadas bajo el modelo escrito, debían pasar a la órbita del Ministerio Público de la Acusación. Es decir, a ser perseguidas por fiscales. El defensor Gustavo Feldman planteó entonces la prescripción ante el fiscal Gonzalo Fernández Bussy —designado para continuar con las causas del viejo sistema— quien corroboró el planteo y dictaminó en el mismo sentido. Como los plazos estaban vencidos desde hacía más de un año y en todo el período de la investigación Toledo no cometió nuevos delitos, el juez Alarcón consideró que el caso estaba prescripto y archivó la causa de manera definitiva. Es una medida que equivale al dictado de un sobreseimiento.
"Hay una política pendular que va de la lisa y llana impunidad hasta el estigma", dijo al ser consultado por este diario el abogado Feldman, quien reivindicó la inocencia de sus clientes. "En ambos casos está acreditado de manera diáfana que no había inconsistencia alguna en la situación patrimonial. A mi juicio, no deberían haber existido siquiera las denuncias. Que haya policías venales, corruptos o violentos no quiere decir que todos lo sean", añadió.
El caso de Romero
Hace doce días el juez Alarcón dispuso una medida similar en la causa seguida a Romero, quien se retiró con el grado de comisario mayor cuando era jefe de la Unidad Regional de Villa Constitución. Su causa administrativa se abrió en junio de 2007 aunque recién se elevó a la Justicia en diciembre de 2012.
Le atribuían un hotel en la localidad cordobesa de La Cumbre y la titularidad junto a su esposa de una agencia de seguridad privada que en esos años era contratada por la Municipalidad para la custodia de inmuebles públicos, lo que motivó un pedido de informes de la oposición en el Concejo. Además le asignaban una casa de 285 metros cuadrados en Rosario, un Peugeot 307, un Honda Fiat y un Chevrolet Corsa Classic.
El sumario iniciado a Romero también ingresó al juzgado de Instrucción Nº 4. Se ordenó la pericia contable de rigor y si bien llegó a ser indagado, eso ocurrió cuando técnicamente la causa ya estaba prescripta. Uno de los actos que interrumpe el conteo hacia la prescripción es el llamado a indagatoria judicial. Pero, según consta en la resolución judicial, Romero dejó de ser policía en diciembre de 2009 y lo imputaron el 21 de noviembre de 2017. Es decir ocho años años después, cuando el delito prescribe a los seis años.
Fuente: La Capital
