La referente en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, Gabriela Bruno, expresó su profunda preocupación ante el avance del proyecto de Presupuesto 2026 en el Congreso de la Nación. La dirigente advirtió sobre el impacto negativo del artículo 75, el cual pretende derogar normativas clave, entre ellas la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El impacto del artículo 75 en las prestaciones
Según Bruno, la incorporación de este artículo busca eliminar el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, leyes que fueron defendidas históricamente en las calles. “Encontrarnos hoy con esto es gravísimo, es el abandono”, sentenció la referente, quien subrayó que esta medida pone en duda el sostenimiento de servicios vitales como el Nomenclador de Prestaciones Básicas.
La derogación afectaría directamente la cobertura de:
-
Centros de día y centros educativos terapéuticos.
-
Hogares para personas sin continente familiar.
-
Transporte especial y elementos ortopédicos como sillas de ruedas.
-
Insumos médicos esenciales como sondas.
Críticas a la postura del Gobierno Nacional
La referente cuestionó la mirada del Ejecutivo sobre las pensiones no contributivas y las auditorías. “Llevaron la sospecha sobre las personas con discapacidad en relación a cómo Argentina puede tener tantas personas con discapacidad si no hubo guerra”, señaló Bruno. En contrapartida, instó a que se investigue el destino de los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), los cuales son necesarios para garantizar la dignidad y la vida en sociedad del colectivo.
Desigualdad federal y movilización
Bruno remarcó que, si bien provincias como Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires tienen políticas públicas más consolidadas, la derogación de la ley nacional dejaría desprotegidas a las personas en distritos con menor trayectoria en la temática. “Es desarmar un tejido que sostenía a las personas con discapacidad”, explicó, comparando la situación con una vuelta al “modelo de prescindencia” ligado a la beneficencia y no al derecho.
Ante este escenario, las asambleas de personas con discapacidad iniciaron un plan de lucha que incluye el envío de correos electrónicos a diputados y senadores para que recapaciten sobre el voto del presupuesto. Para este jueves se espera una gran movilización a nivel nacional para evitar que el artículo 75 prospere en el Congreso.
