El Gobierno nacional ratificó que no implementará la ley de financiamiento universitario, pese a haber sido aprobada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei. Así lo confirmaron el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en el marco del debate por el Presupuesto 2026.
Los funcionarios aseguraron que el proyecto prevé un aumento real del 7% en la inversión educativa, y que las universidades nacionales “podrán cubrir todas sus necesidades”. Según detallaron, el presupuesto contempla un incremento nominal del 17,6%, frente a una inflación proyectada del 10,1%.
Torrendell afirmó que el objetivo del Gobierno es “invertir mejor y gastar menos”, señalando que “el progreso no surge de aumentar la burocracia, sino de usar inteligentemente los recursos públicos para liberar las capacidades de cada persona”. Además, adelantó que habrá una “inversión adicional” en el Plan Nacional de Alfabetización, centrada en el valor de la hora docente y en la formación profesional.
En cuanto a las partidas universitarias, el secretario de Educación informó que se asignarán $4,8 millones adicionales, que se suman al aumento del 270% en gastos de funcionamiento otorgado durante 2024 y al 20% aplicado en 2025. “Hay un apoyo consistente a las universidades nacionales”, aseguró.
Por su parte, Alejandro Álvarez calificó como “una campaña del miedo” las versiones sobre cierres o renuncias masivas en el sistema universitario. “No cerró ninguna universidad y es falso que renunciaron 10 mil docentes. Hoy el sistema cuenta con 198 mil, dos mil más que al inicio de nuestra gestión”, precisó.
El funcionario también destacó que se aprobaron las actualizaciones de planta no docente, lo que —dijo— permitirá cubrir áreas críticas como mantenimiento y seguridad. “No hay ningún ajuste con despidos”, enfatizó.
En relación con la ley de financiamiento universitario, Álvarez explicó que el Ejecutivo no la aplicará por carecer de una fuente de financiamiento clara. “No íbamos a incurrir en un acto de ilegalidad”, sostuvo. Y, en tono irónico, agregó: “Por más que el Parlamento vote la derogación de la ley de gravedad, salimos afuera y la gravedad sigue existiendo”.
Finalmente, señaló que los futuros aumentos en partidas y salarios dependerán del crecimiento económico, “que se logra con más libertad”.
La Comisión de Presupuesto deberá firmar dictámenes la próxima semana, aunque el oficialismo busca postergar el tratamiento hasta después del recambio legislativo, cuando los libertarios contarán con mayor representación parlamentaria.
