El Gobierno nacional difundió los resultados del primer relevamiento federal de personas en situación de calle, que contabilizó 9.421 casos en las 19 provincias que participaron del operativo. El estudio fue impulsado por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y dejó fuera a cinco jurisdicciones que decidieron no adherir: Provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego.
Según los datos oficiales, el 83% de las personas registradas son varones, mientras que el 17% son mujeres. En cuanto a la edad, el 92% corresponde a mayores de 18 años, lo que evidencia una fuerte presencia de población adulta en esta situación. En la provincia de Santa Fe se relevaron 1.328 casos.
El operativo incluyó recorridas en la vía pública —como calles, plazas y zonas urbanas— y también en espacios de alojamiento transitorio, como refugios y paradores. Para la recolección de información se utilizó una herramienta digital específica que permitió registrar datos incluso sin conexión y con geolocalización, lo que, según las autoridades, facilitó una radiografía actualizada de la problemática.
Del total de personas identificadas, el 84% accedió a responder un cuestionario sobre sus condiciones de vida. A partir de esas entrevistas se desprende que más de la mitad tiene estudios primarios completos pero no finalizó el nivel secundario. Además, el 53% realiza algún tipo de trabajo —en su mayoría informal—, el 56% percibe asistencia social y un 30% cuenta con ingresos previsionales.
El informe también señala que el 32% de las personas encuestadas lleva más de dos años en situación de calle, aunque una proporción significativa atravesó esta condición en períodos más recientes: cerca del 60% se encuentra en esa situación desde hace dos años o menos.
Desde el Ministerio destacaron que los datos reflejan un fenómeno complejo, donde conviven personas con documentación, ingresos parciales y algún tipo de actividad laboral, pero también con trayectorias marcadas por la exclusión, la ruptura de vínculos familiares y problemas de salud o consumos problemáticos.
El relevamiento se enmarca en la Ley 27.654, que establece la necesidad de contar con un diagnóstico federal para diseñar políticas públicas orientadas a garantizar derechos básicos. Sin embargo, en 2025 el Gobierno nacional transfirió a las provincias la responsabilidad directa de abordar la problemática, limitando su rol a la coordinación, supervisión y eventual asistencia financiera.
A partir de este nuevo esquema, cada jurisdicción deberá desarrollar sus propias estrategias para atender a la población en situación de calle, en un contexto donde los datos oficiales comienzan a dimensionar la magnitud y diversidad del problema a nivel nacional.
