La Justicia del país andino dictó la prisión preventiva con fines de extradición para Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido en la causa como “Pequeño J”. El hombre es el principal sospechoso de ordenar el brutal triple crimen narco de las jóvenes Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.
La medida, ordenada este viernes por el juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona, tendrá un plazo máximo de nueve meses. Durante este tiempo, Argentina —el país requirente— deberá completar los trámites diplomáticos y enviar toda la documentación necesaria para concretar la extradición pasiva del acusado. La detención se computa desde el 30 de septiembre de 2025, fecha de su aprehensión.
Rechazo y Estrategia Defensiva
En la audiencia, celebrada en territorio peruano, Janzen Valverde Victoriano fue notificado formalmente de su imputación y se leyeron sus derechos. Lo crucial de la jornada fue su negativa a la “extradición simplificada”, una vía que habría acelerado su regreso a Argentina. Tras pedir unos minutos para consultar con su letrado, Pequeño J rechazó la posibilidad de una vuelta inmediata.
El abogado defensor se explayó sobre la postura elegida, argumentando que su cliente es inocente y que su regreso a Perú se debió a un sentimiento de indefensión en Buenos Aires, al ver su nombre en los medios. “Dijo ‘en Argentina no tengo ninguna familia, si me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel? ¿quién me va a poner un abogado? Por eso fue la idea de que se venga al Perú”, relató el letrado. La estrategia defensiva, como él mismo admitió, busca “demorar” el proceso para que “siga su curso normal cosa que enfríe las cosas y se pueda llevar adelante allá los planteamientos claros de cómo han sucedido los hechos”.
El Riesgo de Fuga y la Resolución Judicial
La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva por los nueve meses de plazo, mientras que la defensa pedía la libertad con restricciones para su patrocinado, aduciendo arraigos laboral, domiciliario y familiar en Perú.
Sin embargo, los jueces determinaron que se cumplían los presupuestos procesales para la detención. La resolución valoró que “Pequeño J podría incluso abandonar el Perú en cualquier momento o evadir o someterse a este proceso judicial de extradición pasiva que se tiene instaurando”. En consecuencia, se ordenó su internamiento en el Establecimiento Penitenciario Nueva Frontera Imperial Cañete.
El abogado del acusado, quien solicitó la aplicación del “principio de humanidad” para el joven de 20 años, ya adelantó que apelará la resolución que lo mantiene tras las rejas.
La decisión peruana marca un paso clave en la causa del triple crimen, asegurando la detención del principal sospechoso mientras se resuelven los trámites burocráticos y diplomáticos para su eventual traslado a la Argentina, donde la Justicia aguarda para llevar adelante el juicio.
