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Provincia avanza con el cobro a los padres por los costos de los operativos de falsas amenazas en escuelas

El Gobierno provincial inició acciones para recuperar los costos de intervenciones policiales tras intimidaciones en establecimientos educativos. Los responsables identificados son menores y el reclamo recaerá sobre sus adultos a cargo.

22 de abril de 2026


El Gobierno de Santa Fe puso en marcha un mecanismo para recuperar los gastos generados por operativos de seguridad ante falsas amenazas en escuelas, con montos que parten entre los 5 y 6 millones de pesos por intervención y que podrían ser mayores según el despliegue.

La medida fue formalizada a través de una directiva firmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, que instruye a las áreas legales a iniciar acciones administrativas y judiciales, en coordinación con Fiscalía de Estado, para reclamar el resarcimiento de los costos al Estado.

Según informaron fuentes oficiales, las investigaciones realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) permitieron identificar a varios responsables de estas amenazas, quienes resultaron ser menores de edad. Por ese motivo, el reclamo económico se dirigirá a los adultos responsables.

El procedimiento se activa una vez identificados los involucrados e incluye la apertura de expedientes individuales, la cuantificación de los gastos y la posterior intimación de pago. En caso de incumplimiento, el Estado avanzará con acciones judiciales que podrían sumar intereses y costas.

Entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones vinculadas a amenazas en ámbitos escolares en toda la provincia, lo que implicó un importante despliegue de recursos humanos, logísticos y materiales.

Desde el Ejecutivo remarcaron que este tipo de hechos no deben ser minimizados. Señalaron que cada operativo moviliza recursos clave que se sustraen de tareas de prevención y advirtieron que, dependiendo de la magnitud, los costos pueden superar ampliamente los valores estimados.

Asimismo, aclararon que el recupero de gastos constituye una acción civil independiente del proceso penal, por lo que no es necesario esperar una sentencia para avanzar con el reclamo. En paralelo, recordaron que las amenazas en escuelas están tipificadas en el Código Penal.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a las familias para reforzar el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes, y subrayaron la necesidad de tomar conciencia sobre las consecuencias reales de este tipo de conductas.