El Gobierno de Santa Fe informó una fuerte reducción en el robo de cables y metales en las ciudades de Rosario y Santa Fe, a partir de la implementación de un plan integral de control y fiscalización de desarmaderos, chatarrerías y comercios de metales. La política, puesta en marcha desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, permitió desarticular circuitos ilegales que sostenían este tipo de delitos y afectaban servicios esenciales y la seguridad urbana.
La estrategia es coordinada entre los ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Justicia y Seguridad, y se basa en controles permanentes, clausuras de establecimientos irregulares, exigencia de trazabilidad del material comercializado y un trabajo articulado con fiscalías y fuerzas policiales. El objetivo central es atacar la economía ilegal asociada al robo de infraestructura pública y privada.
En Rosario, los datos oficiales indican que entre 2024 y 2025 el robo de cables se redujo un 93%, mientras que el robo de metales cayó un 86%. Según el informe provincial, los operativos sobre desarmaderos y compradores mayoristas permitieron cerrar puntos de reventa ilegal y bloquear los canales de comercialización que hacían rentable el delito, lo que derivó en la recuperación de infraestructura eléctrica y de servicios que se encontraba fuera de funcionamiento.
En la ciudad de Santa Fe, las cifras también muestran un descenso significativo. El robo de cables disminuyó un 83% y el de metales un 80% en el mismo período. El esquema de fiscalización continua incluyó inspecciones y clausuras, junto con el control de la trazabilidad del material que ingresa a las chatarrerías, con el propósito de ordenar la actividad y reducir los focos de inseguridad y los cortes de servicios.
Al evaluar los resultados, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, afirmó que se trata de “una política sostenida que combina decisiones firmes, controles inteligentes y coordinación con el territorio y los gobiernos locales”, y remarcó que la estrategia se inscribe en un enfoque de Estado presente y combate directo contra la economía ilegal.
En la misma línea, el director provincial de Desarmaderos, Gerardo Rodríguez, señaló que el sistema de emergencias 911 registró una disminución de llamados por cortes de servicios esenciales durante el último año. Además, indicó que organismos y empresas afectadas —como la EPE, Aguas Santafesinas, compañías de telefonía y cooperativas locales— reportaron una baja de incidentes vinculados al vandalismo y la sustracción de metales.
Rodríguez explicó que al inicio de la gestión había 38 desarmaderos registrados en la provincia y que, tras un proceso de controles, inspecciones y regularización, se incorporaron 51 establecimientos al sistema formal. En ese marco, informó que en los últimos dos años se incautaron más de 2.000 toneladas de materiales en operativos realizados en chatarrerías y desarmaderos.
Desde el Gobierno provincial recordaron que quienes deseen regularizar su situación o denunciar establecimientos irregulares pueden comunicarse a través del correo electrónico desarmaderos@santafe.gov.ar
