El gobierno de Maximiliano Pullaro suma un frente más en su avanzada reformista y ahora va por la modificación del Código Procesal Civil y Comercial. Al igual que con otra reforma sensible, la previsional, el mandatario busca involucrar a los distintos actores de la política y la Justicia para revestir de consenso a la iniciativa.
Con este objetivo, el gobernador firmó un decreto para crear la comisión para la reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Ese órgano tendrá como tarea principal elaborar un anteproyecto de ley para encarar una remodelación integral del código de procedimiento.
El decreto establece que la comisión tendrá un plazo de noventa días, prorrogables por la misma cantidad de tiempo, para pulir el proyecto.
Además, la comisión podrá convocar a académicos y especialistas y convocar a audiencias públicas en los distintos departamentos.
En los considerandos del decreto, Pullaro plantea que “en la búsqueda de que los procesos se desarrollen en tiempo útil, resulta imprescindible implementar nuevas normas tendientes a la simplificación y estandarización de los procedimientos, los que, además, deben estar adaptados a las nuevas tecnologías”.
“Es necesario tener en cuenta a las tecnologías informáticas y de comunicaciones, las que imponen pensar en una reingeniería de procesos para el siglo XXI, así como procurar mayor celeridad y oralidad en los procedimientos judiciales en la provincia”, agrega el texto, que lleva la firma también del ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, y su par de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía.
"Todos reconocen que es una estructura obsoleta, con procesos antiguos. Queremos hacer en materia civil lo mismo en lo penal y pasar a un sistema oral, moderno", dice una de las principales espadas del gobernador.
Integran la comisión Cococcioni y Bastía, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni; el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez; representantes del Colegio de Magistrados, de las cinco circunscripciones de los Colegios de Abogados y del sindicato de judiciales, al igual que integrantes de distintas universidades: la UNR, la UNL, la UCA de Santa Fe y de Santiago del Estero (sede Rafaela), la Ucel y la UAI.
La Legislatura tiene diez sillas en la comisión. Por Diputados, la socialista Gisel Mahmud, la radical Ximena García, la peronista Celia Arena, Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) y Emiliano Peralta (Somos Vida).
Por el Senado, Rodrigo Borla (Unidos-San Justo), Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) y Raúl Gramajo (Unite-9 de Julio), además de dos académicos.
El decreto de Pullaro resalta que el Código Procesal Civil y Comercial data de 1962, el mismo de la Constitución que Unidos también pretende reformar, y menciona otras propuestas de mejora —”todas sin éxito”, señala— entre las que destaca el intento del entonces gobernador Miguel Lifschitz.
Este año, el bloque socialista presentó un proyecto para aggiornar el código de procedimientos a lo que establece el Código Civil y Comercial, aprobado por el Congreso en 2015.
"El derecho civil y comercial es lo que regula cotidianamente la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Comprende el derecho de familia, los divorcios, cuestiones de usuarios y consumidores, sucesiones, y un montón de situaciones cotidianas que afectan a toda la población y la forma en que se desarrollen, más rápido o más lento, y la forma en que se organice este proceso para darle soluciones a los ciudadanos, es muy importante”, expresó Mahmud.
En la Casa Gris confían que con mayoría de Unidos en ambas Cámaras podrán aprobar el proyecto. "Pretendemos que si hay cuestiones a corregir se hagan antes y que el proyecto no se clave en la Legislatura", plantean.
La reforma de la Justicia
La reforma del Poder Judicial es uno de los objetivos centrales de la gestión Pullaro. En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el 1 de mayo, Pullaro sentenció que “Santa Fe tiene una Justicia cara e ineficiente”.
Un capítulo clave de ese proceso, entienden en la Casa Gris, es la renovación de la Corte Suprema, un trámite que el gobierno quiere acelerar. Cinco de los seis integrantes del máximo tribunal provincial superan el límite de edad. Tanto el que estipula la Constitución santafesina como el que establece la Carta Magna nacional.
Este martes los cortesanos se reunieron con Cococcioni y con Mascheroni. Más allá de que según el comunicado posterior la reunión giró en torno a “temas de urgente resolución”, como la cobertura de vacantes y cargos, se trató de un gesto de distensión entre el Ejecutivo y la cabeza del Poder Judicial.
De todos modos, en la Casa Gris aseguran que no hubo un cambio de táctica, sino que se trató de “una gestualidad”.
Fuente: La Capital
