La Justicia de Ecuador sentenció hoy a ocho años de prisión por cohecho agravado al ex presidente de ese país Rafael Correa y a su ex vicepresidente Jorge Glas en el caso denominado "Sobornos 2012-2016".
El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana también estableció, en su fallo, la pérdida de sus derechos políticos por 25 años.
Correa fue sentenciado por liderar supuestamente una red de corrupción que entre 2012 y 2016 recibió "aportes indebidos" en el Palacio de Carondelet -la sede del Gobierno local- para el financiamiento de su movimiento político a cambio de adjudicar contratos del Estado a empresarios, según reportó el diario El Comercio de Ecuador.
Desde las 10:00, en tres pisos del edificio de la Corte, en el norte de Quito, se desarrolló la diligencia por videoconferencia, a causa de las medidas de distanciamiento social y cuarentena que rigen en Ecuador por la emergencia sanitaria para intentar contener la propagación del coronavirus.
El juez nacional Iván León reveló, antes de la lectura de la sentencia, que el Tribunal considera que el delito está probado, que la Fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción encabezada por Correa y que la víctima del delito es el Estado ecuatoriano.
En ese contexto, el Tribunal condenó a ocho años de cárcel al ex presidente Correa, el ex vicepresidente Glas, a ex funcionarios como Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado y a 12 personas más por el delito de cohecho en el caso "Sobornos 2012-2016".
De acuerdo lo publicado por El Comercio en su página web, el Tribunal, conformado por León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, comprobó que los pagos realizados eran reportados a "un nivel jerárquico superior", es decir al entonces presidente Correa (2007-2017) y a Glas.
Así lo señaló el juez León desde la Sala de Audiencias del octavo piso de la Corte, donde -además del Tribunal- se encontraban los representantes de la Fiscalía, Procuraduría y parte de la defensa de los procesados.
La mayoría de acusados y sus abogados estuvieron distribuidos en salas adecuadas en otros dos pisos del edificio; todos conectados de forma virtual.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, impulsó las investigaciones: los ahora sentenciados, dijo, formaban parte de una red que recibía aportes ilegales de contratistas del Estado para financiar las campañas de Alianza País y otros eventos políticos.
Las investigaciones demostraron que el dinero se entregaba en efectivo o a través del cruce de facturas.
El Tribunal, enfatizó el juez León, determinó luego de 32 días de análisis de pruebas que Correa conocía de los "aportes indebidos" para su movimiento político, a través de sus asesoras presidenciales en el Palacio de Carondelet.
Las asesoras de Carondelet en los años del delito eran Pamela Martínez y Laura Terán.
Este martes, los jueces León, Saquicela y Rodríguez ordenaron que a las dos se les reduzca la condena por la cooperación que dieron en el caso: Martínez recibió una sentencia de 38 meses y Terán una de 19 meses.
Fuente: NA
