La presentación de “ORI”, una aplicación de inteligencia artificial lanzada por el Gobierno de Entre Ríos, generó cuestionamientos en el ámbito académico y profesional. Desde la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos manifestaron su preocupación por la iniciativa y advirtieron sobre los riesgos de su uso en el campo de la salud mental.
A través de un comunicado, la institución remarcó que una herramienta de estas características no debería desarrollarse sin la participación de universidades, colegios profesionales y organismos competentes. En particular, subrayaron que las problemáticas de salud mental requieren intervenciones con presencia profesional, sostenidas en el tiempo y basadas en la escucha calificada.
En ese sentido, señalaron que la inteligencia artificial podría funcionar como un recurso complementario, pero no como sustituto de las prácticas profesionales ni de las responsabilidades del Estado en materia de políticas públicas. Según indicaron, tareas como la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento psicoterapéutico forman parte de incumbencias específicas de los licenciados en psicología.
El posicionamiento también puso el foco en el marco legal vigente, al recordar que la Ley Nacional de Salud Mental establece la responsabilidad indelegable del Estado en garantizar dispositivos adecuados de atención y resguardar los derechos de las personas usuarias del sistema.
Además, desde la facultad plantearon interrogantes sobre el funcionamiento de la aplicación “ORI”, entre ellos quién la regula y supervisa, cuál es el sustento ético de sus intervenciones y cómo se garantiza la confidencialidad de los datos personales. También cuestionaron qué organismos intervienen en su control y evaluación.
Por otra parte, advirtieron que respuestas simplificadas a problemáticas complejas pueden derivar en procesos de precarización y deshumanización del cuidado, así como en un eventual corrimiento de la responsabilidad estatal.
Finalmente, desde la universidad pública reafirmaron su compromiso con una perspectiva ética y profesional en salud mental, y se mostraron dispuestos a participar en instancias de diálogo institucional para el diseño y evaluación de políticas que garanticen derechos y promuevan el bienestar de la población.
