Octavio Andrés Sosa, quien permanecía prófugo en el marco de una causa federal por narcotráfico, fue detenido este viernes luego de presentarse junto a su abogada en una audiencia judicial encabezada por el juez federal Aldo Alurralde.
Durante la audiencia, el magistrado dispuso formalizar la investigación preparatoria por un plazo de 180 días y ordenó la prisión preventiva de Sosa por 120 días corridos, medida que podrá ser prorrogada. Además, se hizo efectiva de manera inmediata su detención.
En el mismo acto judicial, la Justicia Federal avanzó con una batería de medidas cautelares sobre el patrimonio del imputado. Entre ellas, se ordenó la inmovilización de todas las cuentas bancarias y virtuales activas, tanto en pesos como en dólares, registradas a nombre de Sosa en distintas entidades financieras y billeteras virtuales, entre ellas Mercado Pago, Ualá, Wilobank, Nuevo Banco del Chaco y Banco Industrial.
También se dispuso el embargo de las sumas existentes en esas cuentas y de varios vehículos vinculados al acusado: un Toyota Corolla, un Renault 11 y una motocicleta Zanella ZB 110. Las medidas buscan garantizar un monto de hasta 30 millones de pesos, bajo apercibimiento de inhibición general de bienes.
De acuerdo con documentación incorporada a la investigación, una de las principales líneas de análisis apunta al importante flujo de dinero detectado en cuentas virtuales asociadas a Sosa. Según los registros expuestos en la audiencia, entre julio de 2025 y marzo de 2026 se habrían recibido más de 20 millones de pesos a través de 294 operaciones realizadas mediante Mercado Pago.
Además, se detectaron pagos y transferencias por más de 19 millones de pesos en casi 400 movimientos, parte de los cuales habrían sido derivados a cuentas vinculadas a personas allegadas al imputado, situación que ahora es materia de investigación judicial.
La causa continúa bajo investigación y no se descartan nuevas imputaciones ni medidas patrimoniales en el marco de la pesquisa federal sobre presuntas maniobras vinculadas al narcotráfico y lavado de activos.
