Las reformas al Código Penal que enviará este mes el Ejecutivo al Congreso abrirá otro fuerte debate en el despunte de la campaña electoral y en un contexto de conflictividad en aumento. Entre las novedades el proyecto sube las penas por cortar el tránsito y crea el delito de incumplimiento de la prohibición de ingresar al país para los migrantes.
Mauricio Macri instruyó apurar los últimos detalles del texto para girarlo al Senado y que comience a discutirse luego del Presupuesto. El tratamiento llevará su tiempo, en línea con el volumen de la reforma -el Código Penal se sancionó en 1921, se sucedieron parches y otras leyes- y la diversidad de temas. Una comisión encabezada por el camarista federal Mariano Borinsky trabajó el anteproyecto durante un año y medio, el Código pasará de 320 artículos a 540 y buscará sistematizar leyes con contenido penal que estaban dispersas. Será una de las discusiones que se moverá en el Congreso, en una etapa con baja actividad, algo que se potenciará el año próximo con la campaña electoral. Aun así en el Gobierno consideraron que empujar esos temas tendrá el apoyo de buena parte de la opinión pública.
En este caso la disputa entre Nación (Macri-Patricia Bullrich) y Ciudad (Horacio Rodríguez Larreta-Martín Ocampo) por la respuesta a la protesta en la calle -con un protocolo “antipiquete” ya descartado- parece haber quedado en suspenso: ambas administraciones trabajaron sobre los cambios. El proyecto aumenta la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión por “detener o entorpecer” la marcha de medios de transporte público y también de los privados sin autorización. Con esa redacción el corte no constituiría delito únicamente si interrumpe el tránsito de privados con el permiso del Estado. A su vez el juez interviniente tendrá que analizar en cada caso la existencia de vías de circulación alternativas, que no se cometan lesiones y daños, que no se impida “el ejercicio de derechos personalísimos” y la urgencia del reclamo, entre otros puntos.
En las últimas semanas funcionarios advirtieron que las marchas con cortes vienen aumentando desde agosto y que el control de la calle se convirtió en una de las principales preocupaciones del Gobierno para lo que resta del año. La crisis económica potenció los reclamos, aunque en la Casa Rosada lo atribuyeron también a motivaciones políticas. Las organizaciones sociales replicaron las acusaciones y lo atribuyeron a una estrategia para criminalizar la protesta.
