El proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe quedó envuelto en cuestionamientos institucionales luego de que el Poder Ejecutivo enviara tres pliegos para cubrir cargos en el máximo tribunal, pese a que jurídicamente solo existe una vacante formal. Según el cronograma legislativo, este mañana se realizará una audiencia pública y el jueves se votará en la Asamblea Legislativa.
El principal foco de controversia es que, de los tres ministros que anunciaron su retiro durante 2026, solo uno presentó formalmente su renuncia o solicitud de jubilación. Los otros dos cargos aún no están vacantes, ni existe un decreto del gobernador que disponga su jubilación de oficio, por lo que las vacancias restantes son, por ahora, potenciales.
La situación fue advertida por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe, que presentó una nota formal ante la Comisión de Acuerdos señalando irregularidades en el procedimiento. En ese marco, su presidente, Iván Kvasina, explicó en declaraciones a Veo Noticias que “se envió una nota a la Comisión de Acuerdos. Se hacía referencia a ciertos problemas formales que se observaban. Todo ello con la finalidad de que la Legislatura adoptara las medidas que considerara menester para subsanarlos”.
En el documento, la entidad subrayó que “a la fecha solo existe una única renuncia presentada por parte de un ministro de la Corte provincial” y que dos de los cargos para los que se remitieron pliegos no se encuentran en situación jurídica de vacancia actual ni programada. El Colegio aclaró que no cuestiona la idoneidad de los candidatos ni la potestad política del Ejecutivo, sino el procedimiento adoptado.
Pese a las objeciones, la Comisión Bicameral avanzó con el calendario: recepción de impugnaciones hasta el 18 de febrero, audiencia pública e entrevistas a los postulantes el 25 y una eventual sesión de la Asamblea Legislativa para votar los pliegos el 26 de febrero o el 5 de marzo.
A los cuestionamientos formales se sumó el planteo de la Red Mujeres para la Justicia, que reclamó el cumplimiento del principio de paridad de género previsto en la Constitución provincial, en relación con la futura integración del tribunal.
Desde el oficialismo sostienen que el Ejecutivo podría disponer las jubilaciones y generar las vacantes en los próximos meses, pero especialistas advierten que el procedimiento legislativo se inició sin que existan los cargos formalmente disponibles, lo que abre interrogantes sobre la regularidad institucional del proceso.
