Este martes 8 de julio se publicó en el Boletín Oficial la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo clave en la ejecución y control de obras sobre rutas nacionales en todo el país. La medida, que forma parte del plan de reestructuración del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei, deja un interrogante abierto sobre el futuro de los trabajos de mantenimiento y reparación en numerosos corredores viales.
Uno de los casos más sensibles es el de la Ruta Nacional 11, donde un fallo judicial emitido el 5 de mayo por el juez federal Aldo Alurralde obliga a realizar obras urgentes de mejora entre los kilómetros 665 y 931, en los departamentos Vera, San Javier y General Obligado, al norte de la provincia de Santa Fe. El deterioro de la calzada y los reiterados accidentes motivaron la resolución judicial, que exige al Estado nacional garantizar condiciones mínimas de seguridad vial.
En respuesta a ese fallo, la entonces Vialidad Nacional había anunciado una ampliación contractual para la obra, con un plazo de ejecución que se extendería hasta diciembre de 2025. Sin embargo, con la reciente disolución del organismo, muchas voces se preguntan quién ejecutará efectivamente las tareas y cómo se garantizará el cumplimiento de la sentencia judicial.
Fuentes judiciales, aclararon a Veo Noticias que el fallo es para Vialidad o para el organismo que lo suceda, y si no lo hay, la responsabilidad es del Estado Nacional como dueño de un bien de dominio público, o de la empresa que se haga cargo si se concesiona. Siempre hay un responsable, no es un bien abandonado sin dueño.
De esta manera, aseguran que la obligación de intervenir la Ruta 11 se mantiene vigente, más allá del reordenamiento institucional del Ejecutivo nacional. La obra no puede quedar en suspenso, ya que el deterioro del asfalto representa un riesgo concreto para quienes transitan el corredor, tanto vecinos de la región como transporte de carga y pasajeros.
Hasta el momento, desde el gobierno nacional no hubo una comunicación oficial sobre qué organismo asumirá las funciones de Vialidad Nacional ni sobre el destino específico de las obras comprometidas. En el caso de la Ruta 11, la situación adquiere especial gravedad, dado que la traza viene acumulando años de reclamos de usuarios, intendencias y legisladores.
En tanto, los gobiernos locales y los habitantes del norte santafesino aguardan definiciones concretas, ante el temor de que una nueva reestructuración deje a la emblemática ruta nacional en el abandono.
