La provincia de Santa Fe, a través del decreto 2.875, firmado por el gobernador Miguel Lifschitz, adhirió a la Ley Nacional de Emergencia Alimentaria y Social aprobada por unanimidad por el Senado de la Nación el último 18 de septiembre.
Con la adhesión a la ley, la provincia tendrá que realizar las modificaciones o adecuaciones presupuestarias para incrementar aquellas partidas relacionadas con los programas sociales que garanticen el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria de la población santafesina. Además, supone la creación de una comisión de seguimiento y control de dichas acciones.
Por último, los distintos ministerios y secretarías que conforman el Gabinete Social Provincial deberán reforzar el trabajo coordinado con los gobiernos locales con el objeto de sobrellevar la actual situación económica y social.
Asimismo, en el decreto Lifschitz denunció los recortes por parte de Nación de fondos claves para políticas de salud, educación y desarrollo social, y los esfuerzos llevados a cabo por la provincia en materia de contención social. “Durante el 2018 el Gobierno Nacional cercenó drásticamente los fondos enviados a las provincias destinados a apoyar el gasto social en las jurisdicciones de Desarrollo Social, Salud y Educación Pública. Frente a tal situación se procedió a elevar de inmediato el presupuesto en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, alcanzando tal incremento al mes de septiembre del año en curso a 600 millones de pesos”.
También destaca que, en materia de salud, el “Estado nacional llevó adelante un vasto recorte en las coberturas para drogas oncológicas, aquellas relacionadas con diálisis y a su vez en lo relacionado con los traslados para personas con discapacidad, lo cual conllevó a que la provincia invirtiera la suma de quinientos millones adicionales en esa jurisdicción”.
A pesar de esta coyuntura, Lifschitz aseguró que el gobierno provincial cuenta con los recursos para garantizar la cobertura de los programas sociales y de salud durante los próximos cuatro meses. A raíz de lo señalado, el decreto sostiene que “deviene imperioso continuar con la atención de las necesidades básicas alimentarias de la población en condiciones de vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia, requiriendo respuestas multidimensionales y urgentes por parte del Estado Provincial”.
