Tras la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados, la provincia de Santa Fe avanza hacia una transformación profunda de su sistema de justicia laboral. El proyecto impulsado por los legisladores Martín Rosúa y José Corral apunta a frenar el colapso de los tribunales, donde actualmente se registran 296 juicios cada 10.000 trabajadores, una cifra que duplica el promedio nacional.
La iniciativa busca agilizar los procesos para que los trabajadores con derechos legítimos perciban sus indemnizaciones con mayor rapidez, eliminando las demoras que hoy afectan tanto a empleados como al sector productivo regional.
Implementación del nuevo cuerpo médico forense
Uno de los puntos más relevantes del avance legislativo es la creación de un cuerpo médico forense permanente bajo la órbita del Poder Judicial. Este organismo tiene como fin unificar los criterios de evaluación de incapacidades, reemplazando el sistema de peritos sorteados por uno que garantice mayor transparencia y previsibilidad en los dictámenes.
Este cambio es fundamental para dotar de rigor técnico a las demandas y evitar la “sobrecarga artificial” que hoy satura las instancias judiciales de la provincia.
Beneficios económicos y simplificación de trámites
La reforma también progresa en la búsqueda de aliviar los costos operativos de las empresas santafesinas, quienes afrontan sobrecostos en alícuotas de ART por aproximadamente 100 millones de dólares anuales debido a la alta litigiosidad.
Para lograrlo, se establecen nuevas pautas procesales:
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Plazos más cortos: El tiempo para iniciar demandas se reducirá a 90 días hábiles tras el dictamen médico oficial.
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Criterios nacionales: Se reforzará el uso del baremo nacional para fijar indemnizaciones equitativas.
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Trámites ágiles: Los reclamos judiciales se limitarán exclusivamente a los puntos de desacuerdo con las instancias administrativas previas.
Expectativa por el tratamiento en el Senado
Con el aval de la Cámara Baja, el texto ya se encuentra en la agenda de la Cámara de Senadores. Desde el bloque oficialista se espera que el tratamiento sea prioritario en las próximas semanas, dado el consenso alcanzado previamente con diversos sectores, incluyendo sindicatos, cámaras empresarias y magistrados.
