El Gobierno de Santa Fe tomó posesión de dos propiedades vinculadas a una investigación por estafas inmobiliarias y lavado de activos. Los inmuebles están ubicados en las localidades de Funes y Alvear, en el departamento Rosario, y fueron incorporados a la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).
Uno de los lotes cuenta con una construcción, mientras que el otro es un terreno baldío. Según explicó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, la causa investiga maniobras mediante las cuales los responsables vendían propiedades que luego no entregaban a los compradores.
En el marco de la misma investigación también fue decomisado un bar en la ciudad de Rosario.
Con estas dos incorporaciones, la provincia suma 25 inmuebles decomisados. De acuerdo con los datos oficiales, entre ellos hay una propiedad en Rosario que cuenta con 27 departamentos, por lo que el total de unidades inmobiliarias bajo administración supera las 50.
Qué destino tendrán los bienes decomisados
Desde la Provincia señalaron que las propiedades incorporadas a la Aprad pueden ser subastadas y que los fondos obtenidos tienen tres destinos principales: resarcir a las víctimas de delitos, sostener el funcionamiento de la agencia y financiar acciones de interés social.
El subsecretario de la Aprad, Hernán Matich, explicó que el organismo es autárquico y no recibe partidas presupuestarias, por lo que debe financiar su propia actividad. Además, indicó que los excedentes pueden destinarse a instituciones de bien común, como clubes y escuelas.
En ese sentido, precisó que ya se realizaron alrededor de 100 entregas y donaciones a distintas instituciones.
Más de $6.600 millones recaudados en subastas
La última subasta organizada por la Provincia se realizó el 16 de octubre y permitió recaudar $1.645.810.000. Con los seis remates concretados durante la actual gestión, el monto acumulado superó los $6.600 millones.
Según informaron desde el Gobierno provincial, esos recursos se utilizan para reparar a víctimas de delitos, financiar políticas sociales y cubrir los gastos de funcionamiento de la Aprad.
