El gobierno de Santa Fe presentó una serie de modificaciones al proyecto de reforma de la ley de biocombustibles que actualmente se discute en el Congreso nacional. La iniciativa provincial apunta a “neutralizar distorsiones y garantizar un abastecimiento transparente” dentro del sector, en medio del debate entre dos proyectos que plantean modelos diferentes para la industria.
La propuesta fue impulsada por el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, quien sostuvo que la intención es encontrar un punto de equilibrio entre las grandes aceiteras y las empresas no integradas que actualmente participan del mercado de biodiesel.
“Santa Fe no se para en los extremos como hasta ahora”, afirmó el funcionario al explicar la postura provincial frente a las iniciativas que se analizan en el Congreso.
Uno de los proyectos en discusión es promovido por la senadora Patricia Bullrich y propone habilitar a las grandes aceiteras a vender biocombustibles a las petroleras para el corte obligatorio de combustibles, modificando el esquema vigente desde la ley original de 2006. El otro proyecto, impulsado por el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, busca preservar una porción del mercado para las empresas no integradas.
En ese contexto, Santa Fe elaboró una propuesta con cinco puntos centrales.
Corte obligatorio más alto
Uno de los cambios plantea elevar el porcentaje obligatorio de mezcla de biodiesel al 15% (B15), con la posibilidad de avanzar hacia un 20% (B20) mediante un “gatillo de competitividad”. Según la iniciativa, ese aumento podría aplicarse siempre que el precio del biodiesel local sea igual o menor al valor de importación del gasoil fósil.
Cupo del 40% para empresas no integradas
La Provincia propone dividir el mercado en dos segmentos y reservar un 40% del abastecimiento de biodiesel para las fábricas no integradas a grandes aceiteras. Ese sector sería abastecido únicamente con FAME y funcionaría mediante licitaciones en un mercado electrónico transparente.
Además, se plantea un límite máximo de participación del 14% por grupo económico para evitar posiciones dominantes.
El 60% restante correspondería al denominado “segmento integrado”, donde podrían participar grandes industrias aceiteras y empresas refinadoras, incluyendo la posibilidad de contratos privados y coprocesamiento.
Menos discrecionalidad estatal
Otro de los puntos busca limitar la intervención de la Secretaría de Energía. La propuesta establece que el organismo solo podrá reducir el corte obligatorio en casos extremos de desabastecimiento y por un plazo máximo de 90 días.
Desde Santa Fe sostienen que el sector necesita previsibilidad y reglas claras para garantizar inversiones y producción.
Incentivos para combustibles sustentables
La iniciativa provincial también incorpora beneficios para proyectos vinculados a combustibles de segunda y tercera generación, como el Diésel Renovable (HVO), el Combustible de Aviación Sustentable (SAF) y el Hidrógeno Verde (H2V).
En ese sentido, se solicita incluir estos desarrollos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), contemplado en la Ley 27.742, para proyectos superiores a los 200 millones de dólares.
Regulación del precio de insumos
Por último, la propuesta busca garantizar condiciones equitativas para las empresas no integradas en el acceso a materias primas esenciales como aceite de soja crudo y metanol.
Para ello, se plantea que los complejos integrados deban asegurar el abastecimiento a precios regulados por la paridad de exportación, evitando posibles maniobras discriminatorias dentro del mercado.
