El Gobierno de la provincia de Santa Fe informó una marcada disminución en las amenazas a escuelas y vinculó esta tendencia a la implementación de medidas como el cobro de operativos a las familias involucradas y el impulso de procesos penales.
La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, brindó detalles en conferencia de prensa y sostuvo que los resultados reflejan el impacto de las políticas adoptadas. “El delito se paga”, afirmó, al tiempo que explicó que ya se iniciaron más de 15 expedientes vinculados a este tipo de hechos.
Según precisó la funcionaria, las notificaciones comenzaron a enviarse en la ciudad de Santa Fe y se extenderán a otros puntos del territorio provincial. En varios casos, indicó, se detectó la participación de más de una persona por expediente, con llamados provenientes de distintas localidades.
Uno de los datos destacados por el Ejecutivo es la reducción en la cantidad de amenazas registradas. Mientras que en jornadas anteriores se contabilizaban entre 75 y 87 llamados, en el último relevamiento la cifra descendió a 15.
Para Coudannes, esta baja evidencia la efectividad de la estrategia oficial, que combina sanciones económicas con el avance de investigaciones judiciales. “No se trata solo de pagar el operativo, sino de darle curso al proceso penal correspondiente”, remarcó.
En cuanto a las sanciones, explicó que las familias reciben una notificación con un plazo de cinco días para abonar los costos generados por los operativos de seguridad. En caso de incumplimiento, será la Justicia la que determine cómo proceder según la situación de cada responsable.
Desde el Gobierno provincial insisten en que la combinación de medidas busca desalentar este tipo de conductas y reforzar la responsabilidad de quienes protagonizan amenazas que afectan el normal funcionamiento del sistema educativo.
