Cuando Alfonsín asumió, uno de sus compromisos de campaña era juzgar a los responsables de la Dictadura que acababa de terminar y que había dominado la política argentina durante 7 años (1976-1983). Para llevar a cabo esa tarea el presidente electo creo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas con el escritor Ernesto Sábato como presidente.
Esta comisión estuvo compuesta por gente de formación muy diversa. Al ya mencionado Sábato se le sumaron, René Favaloro, Graciela Fernández Meijide, Magdalena Ruiz Guiñazú y Daniel Salvador entre otros.
La CONADEP trabajó durante 280 días alrededor de todo el país recolectando testimonios y pruebas sobre los crímenes cometidos por el Proceso de Reorganización Nacional.
El informe presentado incluyó la verificación de 340 centros clandestinos de detención, acumularon más de 7.000 archivos en 50 mil páginas, una lista parcial de 8.960 personas desaparecidas y fueron la base del Juicio a las Juntas de 1985.
La palabra de Sábato el 20 de septiembre de 1984
Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces institucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo, para alcanzar la tenebrosa de categoría de los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimiento y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos.
(…)
Todos caían en la redada: dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado la enseñanza de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal y por secuestrados bajo tortura. Todos en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores.
Con información de universalmedios
