Desde hace siete meses, cuando envió a las apuradas el proyecto a última hora del viernes 20 de julio como salida decorosa a la seria denuncia por los aportes truchos en la campaña bonaerense de Cambiemos del 2017, que la Casa Rosada no pudo hacer pie en el Congreso para modificar el sistema opaco de financiamiento de las campañas políticas.
Tras una serie de fracasos parlamentarios, de cortocircuitos internos y de falta de voluntad política, el ministro Rogelio Frigerio dejó trascender durante la semana que el Gobierno podría "avanzar algo en la transparencia del proceso electoral" a través del impulso de un decreto reglamentario que, al menos, bancarice los aportes, según confiaron fuentes oficiales.
El decreto que podría reglamentar alguno de los artículos de la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos relacionado con las donaciones de campaña es una de las opciones que la Casa Rosada empezó a barajar desde fines del año pasado ante la imposibilidad de avanzar con la iniciativa en el Parlamento, en especial por las trabas internas. La UCR y, en particular, Elisa Carrió fueron claves para el fracaso del tratamiento del proyecto.
El tema estuvo sobre la mesa en la charla que la líder de la Coalición Cívica, acompañada por el diputado Juan Manuel López, mantuvo hace tres semanas con José Torello y Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, un rato después del reencuentro de la diputada con Mauricio Macri en Olivos. Carrió le había dado el tiro de gracia al proyecto en el cierre del 2018, en el peor momento de su relación con el Presidente, cuando aseguró que no estaba dispuesta a apoyar la vuelta de los aportes de las empresas durante el período de campaña. Para los recaudadores del oficialismo, e incluso para el establishment, es la modificación más importante de la ley.
Desde el Gobierno deslizaron en estos días que harán un último intento en el Senado antes del inicio de las sesiones ordinarias en busca de la media sanción del dictamen de comisión negociado en diciembre con Miguel Ángel Pichetto y Dalmacio Mera, un habitué de los seminarios alusivos que el oficialismo impulsó el último año. Será parte de la charla que mantendrán este martes el jefe del bloque del PJ del Senado y el ministro del Interior.
Emilio Monzó ya había avisado en estas semanas que en Diputados no había clima para sesionar en febrero.
El renovado pesimismo en torno a la ley volvió a reavivar la posibilidad del decreto para bancarizar aportes y cortar con el flujo de efectivo en épocas de campaña. Pero también azuzó la interna de gobierno en torno a ese plan de emergencia entre los impulsores de la medida, el Ministerio del Interior, y los recaudadores del PRO, obsesionados con la vuelta de los aportes empresarios.
"Sería un desastre. Un cambio que nada cambia y solo complica el financiamiento serio", se ofuscó ante este medio una fuente partidaria que se ocupó de buena parte del financiamiento del PRO en las últimas dos elecciones.
Para los recaudadores del Gobierno, el impulso al decreto con la bancarización de los aportes, sin el levantamiento de la prohibición de los aportes empresarios, es una pésima idea. ¿Cómo lo explican?
Según ese sector, del entorno íntimo de Macri, tendrían doble trabajo. Los empresarios volverían a aportar en negro, como lo hicieron en las últimas campañas. Los encargados del financiamiento explican, entonces, que deberían blanquear ese dinero y hacerlo trazable. ¿Quién va a querer encargarse de esa ingrata tarea?
¿Es posible encarar una campaña sin dinero negro? En ese plano, el decreto sí cobra sentido.
Fue, en ese sentido, el nudo del escándalo en torno a los aportes truchos de la campaña bonaerense de Cambiemos del 2017, con la diferencia de que los aportes no fueron bancarizados porque la ley todavía no lo exige. El PRO en su versión bonaerense rindió cientos de miles de pesos a nombre de beneficiarios de planes sociales y supuestos militantes partidarios que nunca aportaron. Nadie sabe aún de dónde salió ese dinero.
La ex presidenta Cristina Kirchner emitió un decreto reglamentario en el que habilitó a bancarizar aportes: hasta ese entonces, la ley solo permitía donaciones en efectivo. Un sector del Gobierno busca ahora la misma salida, pero con la trazabilidad bancaria obligatoria de las contribuciones.
En el 2017, un grupo de organizaciones de la sociedad civil le había acercado al Gobierno un decreto similar al que intenta impulsar este año. No convenció ni a los recaudadores de la campaña ni al secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas.
El fin de semana pasado, CIPPEC, Poder Ciudadano y fundación RAP publicitaron una solicitada en la que instan a la política a transparentar los números durante este año. Hay pautadas reuniones con diferentes partidos, con empresarios y con los jueces electorales.
En la ciudad de Buenos Aires, que el año pasado aprobó el nuevo código electoral, el panorama es similar que en el Congreso. Son pocos los que confían en juntar los 40 votos necesarios en la Legislatura para sancionar una nueva norma de financiamiento local.
En el 2015, los responsables del financiamiento de la campaña presidencial de Macri hicieron malabares para justificar los menos de $200 millones que declararon ante la Justicia Electoral. En realidad fueron más de $1.500 millones.
En vísperas de la campaña, el panorama es incierto. Tampoco está definido, por caso, cuál será la empresa que deberá ocuparse del recuento provisorio durante las elecciones. El enigma empezará a develarse dentro de diez días, con la apertura de las ofertas técnicas. Hay una puja descarnada, atravesada por operadores y corrillos internos, entre INDRA y SmartMatic.
Fuente: Infobae
