El Gobierno tiene pensado excluir a Aerolíneas Argentinas de la lista de bienes públicos a privatizar con el objetivo de salvar el artículo 7 del proyecto de Ley Bases, que habilita al Poder Ejecutivo a enajenar o concesionar una serie siete empresas públicas, entre las que se encuentra el Correo Argentino y Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).
Así se lo confirmaron al diario La Nación tres fuentes legislativas, dos de la oposición dialoguista y una del oficialismo libertario, que coincidieron también en señalar que la exclusión de la línea aérea de bandera de la ofensiva privatizadora de Javier Milei recién se concretaría, en caso de ser necesario, en el recinto del Senado, durante la sesión que la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó para el miércoles próximo a las 10 y en la que también se debatirá la reforma fiscal que impulsa el Gobierno.
Todo indica que la administración Milei tendrá que resignarse a que no podrá disponer de la privatización de Aerolíneas, ya que el de la línea aérea es uno de los artículos de la Ley Bases que no tiene los votos para superar el debate en particular y, por lo tanto, podrían sufrir modificaciones cuando se abra el debate en particular del articulado de cada proyecto.
Con el kirchnerismo en contra, que promete alinear el voto de sus 33 senadores, ambas iniciativas llegan al recinto de Cámara alta a tiro de piedra de la mayoría absoluta de 37 votos. Hasta el momento, el oficialismo en el Senado parece haber alejado el fantasma del rechazo y tendría garantizadas 38 voluntades, aportadas por la UCR, Pro, provinciales y peronistas dialoguistas, para aprobar en general los dos textos. En la vereda de enfrenten quedarían Unión por la Patria y el porteño Martín Lousteau (UCR-Capital) que, como ya ocurrió con el rechazo al DNU 70/23, votará a contramano del resto del bloque del partido que preside a nivel nacional.
Pero el panorama cambiará en el debate en particular. Es que varios senadores de la oposición dialoguista reclamaron cambios en artículos y capítulos clave para el Gobierno, como el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI). Algunos fueron concedidos por los negociadores del Poder Ejecutivo, razón por la cual ambos proyectos volverán en segunda revisión a Diputados, pero muchos otros no y corren peligro de ser modificados como consecuencia de una alianza circunstancial con la bancada kirchnerista.
El de las privatizaciones es un ejemplo de ese fenómeno. En la semana previa a la firma del dictamen de la Ley Bases, el radicalismo se plegó al reclamo de los senadores de fuerzas provinciales de la Patagonia para que se quitara del anexo I del proyecto, donde están enumeradas las empresas públicas que se habilitan para su venta o concesión, a Aerolíneas, el Correo Argentino y los medios públicos que integran Radio y Televisión Argentina (RTA).
El Gobierno resistió el embate y consiguió que los proyectos tuvieran dictamen sin que se tocaran capítulos importantes. Pero eso no significa que se hayan acallado los intentos de modificar el proyecto. Los números que manejan cerca de la vicepresidenta y en la Casa Rosada muestran que el artículo de privatizaciones, a tan sólo tres días de la sesión, no tiene los votos para superar el debate en particular.
Por eso, la solución sería resignar la línea área de bandera para poder sostener el resto de las empresas.
En ese sentido, en el tablero oficialista se encendieron las luces de alarma en las últimas horas por el artículo 3, que contiene la amplia delegación de facultades legislativas que reclama el Poder Ejecutivo, otra cláusula que enfrenta fuerte resistencia en varios senadores de la oposición dialoguista y que podría terminar eliminado o modificado antes de que el texto parta en segunda revisión hacia la Cámara de Diputados.
Otro tanto ocurre con algunos artículos del RIGI, en donde hay varios senadores que pretenden cambios en los plazos de ingreso al régimen, ya que dos años les parece muy poco si la idea es atraer inversiones; y en varias disposiciones que, sospechan, podrían dar lugar a reclamos judiciales futuros de parte de fondos buitres ante la imposibilidad del Estado argentino en cumplir con los plazos fijados para habilitar los proyectos.
La reforma fiscal también tiene su lado oscuro. En el oficialismo dan por perdido el artículo que restituye la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, aun cuando en el cierre del debate en comisiones el por entonces flamante jefe de Gabinete designado, Guillermo Francos, terminó rindiéndose ante el reclamo del santacruceño José María Carambia y aceptó darle a la Patagonia el trato preferencial y elevar un 22% el mínimo imponible por zona desfavorable.
También corren serio riesgo de sufrir cambios en el recinto varios artículos del régimen de blanqueo de capitales. Uno de ellos es el que permite a los ciudadanos extranjeros ingresar al régimen. Para muchos senadores, como Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), eso implica abrirle la puerta a que personas involucradas con el narcotráfico y otras actividades ilícitas, o sus testaferros, puedan ingresar el circuito legal bienes adquiridos con el producto del delito.
La discusión sobre eventuales futuros cambios se extenderá durante toda la semana, incluso mientras se desarrolle el debate en el recinto, como ya ocurrió cuando ambas iniciativas se trataron en la Cámara baja, el pasado 30 de abril.
Antes de que las iniciativas aterricen en el recinto del Senado, tendrán que hacer una escala importante en la reunión de Labor Parlamentaria que convocó Villarruel para este lunes a las 18. El encuentro será clave para saber cuánto durará la sesión y, lo más importante, cómo se votará cada proyecto. La idea en el oficialismo es que se vote por capítulos, pero es muy factible que deba ceder y que varios artículos terminarán votándose por separado.
Fuente: Diario La Nación.
