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"Si metieran el costo de los alquileres en la canasta básica, la inflación real sería muy superior"

Lo dijo Pedro Peralta, referente del frente de inquilinos. Quienes alquilan no han visto mejoras más allá de un poco más de oferta de inmuebles.

09 de septiembre de 2024


A nueve meses de la derogación de la Ley de Alquileres y en paralelo, de la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia DNU Nro. 70, que modificó la normativa sobre este rubro, Pedro Peralta, referente del Frente de Inquilinos de Santa Fe, trazó un balance de lo que cambió para bien o para mal en este sentido.

Al respecto, en diálogo con Veo Noticias, el dirigente explicó que “este DNU desreguló el mercado inmobiliario. La situación de los inquilinos sigue siendo muy crítica. Hay muchos que la están pasando muy mal. Estos incrementos trimestrales y cuatrimestrales más la suba en colegios, transporte, alimentos, prepagas, todo es un dolor de cabeza más”.

Luego agregó que “los precios no cambiaron. Esa teoría de que el mercado se regula solo, está fracasando, no lo decimos nosotros. Lo vemos en todos los precios, las tarifas de los servicios, si bien hay más oferta, eso es verdad, y tiene que ver con las viviendas ociosas que estaban especulando con esta ley para meterlas al mercado inmobiliario pero hay inquilinos que no pueden pagar y están llegando cartas de desalojo”.

Peralta hizo referencia también al aumento que hubo en estos nueve meses, de los costos: “Eso depende, hay contratos que están pactados con subas por trimestre o cuatrimestre, algunos están atados a la inflación, a la variación del dólar, pero supera con creces la inflación del Indec. El propietario o la inmobiliaria siguen descreyendo de este índice de inflación que está mal medido, no contempla el impacto real de la suba del alquiler porque no está puesto en la canasta básica. Hay un 4% de inflación pero sería más si vieran los incrementos de los alquileres”.

Finalmente, el referente de los inquilinos concluyó en que “piden más seguridad, más garantías, que no se lleve el 50 o el 60% de los salarios o ingresos de una familia o más protección jurídica que era lo que le aseguraba la ley”.