Maquinarias de la empresa Constructora Ángel Boscarino ingresaron este martes por la mañana a un terreno privado ubicado en la Isla Sirgadero. Estas tierras sufrieron intrusiones en años anteriores y la Justicia ordenó el cese de todo tipo de modificaciones y avances, ya que están consideradas por fuera de la línea de ribera —y, por lo tanto, fuera del dominio público—. La nueva intrusión de la constructora se da bajo una resolución administrativa de la Secretaría de Recursos Hídricos, que al momento de producirse no había sido debidamente comunicada al propietario.
Lo curioso es que la medida se toma solamente para un terreno en particular y para un sector que no interviene de manera directa en el proceso de escurrimiento natural del agua, pero que sí le impide la vista y salida directa al río a un emprendimiento náutico comercial privado que se encuentra detrás de este mismo terreno y que fue montado bajo la fachada de una asociación civil.
Otro antecedente llamativo es que la empresa Ángel Boscarino Construcciones S.A., que ejecuta dicha resolución bajo contratación de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, es parte interesada ya que tiene relación directa con el emprendimiento demandado y fue denunciada previamente por usurpar dichos terrenos.
El dato central de esta nueva intrusión es que el predio se encuentra protegido por una medida judicial de no innovar dictada en diciembre de 2022 y ratificada en audiencia judicial en 2024. Esa misma decisión judicial fue informada tanto a las partes, como a la provincia de Santa Fe, por lo que no solo Angel Boscarino Construcciones está incumpliendo el mandato judicial sino también la propia resolución de Recursos Hídricos.
Esa medida judicial fijó con claridad los alcances de la cautelar. En la audiencia del 20 de diciembre de 2024, las partes solo consensuaron excluir de la prohibición de innovar la porción de terreno de dominio público, tal como había sido definida en el decreto 2819/2023. Todo el resto —es decir, el dominio privado— quedó expresamente resguardado por la Justicia, hasta este martes cuando se violó dicha decisión, lo que representa un acto de gravedad institucional doble: se quebranta una decisión judicial y se interviene nuevamente sobre un terreno privado.
Consultado por Veo Noticias, el propietario original de los terrenos y actual damnificado manifestó que aún si hubiese sido notificado correctamente (que no ocurrió) nunca tendría intenciones de desobedecer una resolución sino que al igual que el resto de la partes mencionadas no está facultado para hacer cualquier movimiento por la orden judicial vigente, que justamente busca impedir nuevas intervenciones.
Las tierras en cuestión se ubican en una zona que desde hace años sufre intrusiones, avances irregulares y disputas por el montaje de emprendimientos náuticos privados. Pese a las medidas judiciales en curso y a los reclamos de los propietarios, la presión sobre la isla no ha cesado, y los conflictos por el uso del suelo se intensificaron en los últimos meses.
