El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público escaló a un nuevo nivel de tensión. En una respuesta contundente al veto presidencial contra la ley de Financiamiento Universitario, los frentes gremiales que agrupan a docentes y no docentes de todo el país anunciaron un paro nacional de 24 horas para este viernes 12 de septiembre.
La medida de fuerza, que paralizará por completo las actividades académicas y administrativas en las casas de altos estudios, es el punto central de un plan de lucha progresivo que busca presionar al poder político para que revierta la decisión del Ejecutivo.
El cronograma de protesta comenzará hoy mismo, jueves 11, con una “jornada nacional de visibilización”. Durante este día, se llevarán a cabo clases públicas, asambleas, volanteadas y conferencias de prensa en distintas universidades del país con el objetivo de informar a la comunidad sobre los motivos del conflicto y el impacto del veto en el funcionamiento universitario y los salarios del sector.
La acción más fuerte llegará el viernes 12 con el paro total de actividades. “El veto del presidente Milei es un ataque directo a la educación pública y al futuro del país. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se intenta desfinanciar el sistema que forma a nuestros profesionales”, comunicaron desde los gremios, que calificaron la medida del Gobierno como una “provocación”.
La ley vetada, que había sido aprobada por el Congreso, establecía la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades y garantizaba paritarias para recomponer los salarios del personal docente y no docente según la inflación. El Gobierno argumentó su rechazo en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y evitar un “gasto desproporcionado”.
Mirando hacia adelante, el frente universitario ya definió el próximo paso estratégico: la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria. Aunque la fecha aún no está definida, se confirmó que la movilización se realizará el día en que la Cámara de Diputados se reúna para tratar el veto presidencial. El objetivo es claro: ejercer presión sobre los legisladores para que reúnan los dos tercios de los votos necesarios en ambas cámaras para anular la decisión del Ejecutivo y convertir la ley en una realidad.
