La defensa pública del policía César Muga, quien se quitó la vida en la cárcel de Coronda, presentó un informe contundente que señala las responsabilidades del Servicio Penitenciario y la Justicia de Santa Fe en el hecho. El escrito detalla una serie de advertencias sobre el estado de salud mental del detenido que fueron desoídas por las autoridades.
El documento fue elevado a las autoridades del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal para evaluar las presentaciones correspondientes. En el mismo, se repasan las actuaciones de la defensora Leticia Feraudo, quien había reclamado reiteradamente una atención acorde al cuadro psiquiátrico que presentaba el imputado por el ataque a su expareja en barrio Nueva Esperanza.
Alertas ignoradas y falta de tratamiento
Desde la detención de Muga el 1 de agosto de 2025, la defensa advirtió sobre problemas psiquiátricos previos que no habían sido tratados. A partir de octubre, la Junta Especial de Salud Mental (JESM) emitió reportes alarmantes donde se describía una “angustia de gran intensidad” e “ideas de muerte” que impulsaban al detenido a dudar sobre su existencia.
Los expertos de la Junta indicaron que la internación era indispensable y advirtieron que el penal no reunía las condiciones para tratar una crisis de esa magnitud. Sin embargo, Muga nunca fue internado y el Servicio Penitenciario se limitó a remitir informes genéricos sin concretar un abordaje intensivo ni seguimiento especializado.
Cronología de un final anunciado
La situación se agravó en enero, cuando se registró un primer intento de suicidio mediante la ingesta de medicamentos. Pese a que el 19 de diciembre ya se había ordenado una internación que nunca se ejecutó, el sistema volvió a fallar en la prevención.
El 19 de enero, apenas dos días antes de que Muga apareciera ahorcado en su celda, se realizó una audiencia de habeas corpus. Allí, la defensa advirtió al juez Gustavo Urdiales sobre el “riesgo suicida acreditado” y la existencia de una alternativa de internación en el Hospital Sayago.
El magistrado rechazó el pedido argumentando que el detenido estaba recibiendo atención en el penal, decisión que el informe califica ahora como una “omisión grave” de la tutela judicial efectiva.
Los puntos claves del reclamo
El escrito de la defensa sostiene que hubo un incumplimiento del “deber reforzado de cuidado” que el Estado tiene sobre las personas privadas de su libertad. Entre los argumentos principales se destacan:
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Desconocimiento de advertencias técnicas: Se ignoraron los informes que alertaban sobre un “riesgo cierto e inminente”.
- Falla en la vigilancia: El Servicio Penitenciario sabía de los intentos de autólisis previos y no articuló una respuesta adecuada.
- Responsabilidad internacional: Se señala que el Estado vulneró la Constitución Nacional, la Ley de Salud Mental y las Reglas Mandela.
