En una declaración pública que lleva la firma de más de 100 referentes políticos alineados con Juntos por el Cambio, dirigentes de todo el país le solicitaron al Estado Nacional que accione institucionalmente, “de manera urgente, proporcional y eficaz, para poner fin a la violencia que desde hace varios años despliega la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en la Patagonia”.
El documento -que lleva la rúbrica de Miguel Ángel Pichetto y Patricia Bullrich, entre otros- establece una marcada diferencia entre otras agrupaciones mapuches, que velan por sus derechos de forma civilizada y pacífica, y la RAM, que busca “contradecir la soberanía nacional y menoscabar la paz y seguridad” de los ciudadanos que residen en la Patagonia.
La agrupación que lidera el lonko Facundo Jones Huala, aunque en la declaración no lo personalizan en su figura, “ha cometido una multiplicidad de delitos graves, que no solo han vulnerado los derechos de muchos ciudadanos de la Patagonia, creando una situación de zozobra inusitada, sino también han puesto en entredicho a la Nación Argentina y a su integridad”.
Tras analizar los hechos en los que la RAM tuvo participación y sus miembros –al menos su líder- fueron imputados, los firmantes creen que sus conductas alcanzan las prescripciones establecidas en la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, un tratado multilateral patrocinado por Naciones Unidas en contra del crimen organizado transnacional.
En ese sentido, contemplaron las circunstancias en las que cometieron esas acciones delictivas, la recurrencia de las mismas, haberlas cometido tanto en territorio nacional como en Chile, donde provocaron importantes daños a bienes públicos como privados, y también la forma de actuar, en grupo, portando armas de fuego y substancias inflamables, demostrando total desprecio por la vida humana y la integridad física de las personas y los bienes materiales.
Consideraron entonces importante un trabajo articulado y de cooperación penal internacional con las autoridades chilenas, a través de los canales diplomáticos correspondientes.
Mencionaron, además, que el Código Penal de la Nación contempla, en su articulado, numerosas figuras para encuadrar el accionar violento de la RAM, entre los cuales consignaron los delitos de usurpación, incendio y otros estragos, tenencia de armas, entorpecimiento del transporte y las comunicaciones, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, intimidación pública, atentado contra el orden institucional, atentado y resistencia a la autoridad, entre otros.
También consideraron que los agravantes encuadran en los aspectos descriptos en el Artículo 41 quinquies del Código Penal, que endurece la escala penal cuando los delitos mencionados se hubieran cometido con la finalidad de aterrorizar a la población.
Para los suscriptores de la manda pública, la RAM –a la que describen como una asociación ilegal- busca aterrorizar a la población para forzar a los distintos estados, federal y provincial, a tomar decisiones que los favorezcan.
Tal como la misma agrupación se encargó de difundir, su objetivo es alcanzar el reconocimiento como una etnia mapuche y lograr de esta forma el reconocimiento sobre “tierras ancestrales” que les pertenecen.
A pesar de que en su discurso de “reconocimiento” engloba a todas las comunidades mapuches asentadas en la Patagonia Argentina Chilena, la mayoría de ellas optó por distanciarse de su ideología y de sus formas violentas.
Prevenir y reprimir los delitos
Los firmantes de la Declaración creen que el Estado Nacional debe atender tres vectores para prevenir y reprimir los delitos que se le endilgan a la RAM.
En ese contexto, mencionaron que los organismos públicos deben ser “contundentes y eficaces” para prevenir los acontecimientos delictivos. Para ello apelaron a la intervención de los organismos de inteligencia federales (AFI, DINIC) para que las tareas de investigación permitan conocer cuáles son las actividades que la RAM desplegó en el país.
Además mencionaron como relevante que el Estado brinde respaldo institucional a los jueces y fiscales responsables de investigar los hechos violentos y destacaron que son escasas las estructuras federales ubicadas en el Sur del país, lo que afecta de manera negativa su eficacia en los procedimientos que deben asumir.
Financiación
Por último hicieron hincapié en la importancia de actuar sobre los mecanismos de financiación que respaldan a los grupos violentos, para impedir la provisión de fondos, y dar intervención a la Unidad de Información Financiera a fin de profundizar la investigación sobre las finanzas de los agrupamientos criminales involucrados.
A continuación, todos los dirigentes que firmaron la solicitada: Juan Félix MARTEAU – Elsa KELLY – Raúl PLEE – Martín Andrés MONTERO – Ricardo SPADARO – Marcelo SEGHINI – Miguel Ángel PICHETTO – Juan BELIKOW – Julio HANG – Juan Pablo BAYLAC – Juan MARTÍN – María Teresa del Valle GONZÁLEZ FERNÁNDEZ – Mariano Agustín CAUCINO – Gustavo FERRARI WOLFENSON – José Luis BICHARA – Roberto RODRÍGUEZ VAGARÍA –Jorge VARA – Norma ALLEGRONE – Lorena MATZEN – Rafael PASCUAL – Pablo D. BLANCO – Emilio Alberto RACHED – Patricia BULLRICH – Francisco MONTI – Alicia MASTANDREA – Mario CAPELLO – Hugo STORERO – Cristina GUEVARA – Gabriela Mabel LENA – Ángel ROZAS – Jorge OROZCO – Claudia NAJUL – María Belén TAPIA –Juan FARIZANO – Gustavo MENNA – Beatriz FONTANETTO – Humberto BONNANATTA – Patricia De FERRARI - Juan Carlos BONACORSI – Jorge Raúl PASCUAL - Gastón ORTIZ MALDONADO – Roberto SANMARTINO – Oscar CASTILL0 – Carlos BECERRA – Alicia Ester TATE – Ramón VÁSQUEZ – Jorge D´AGOSTINO – Santiago Ezequiel KOVADLOFF – Carlos FERNÁNDEZ – Juan Pedro TUNESSI – Guillermo Tello ROSAS – Ramón J. MESTRE – Atilio BENEDETTI – Lisandro GANUZA – Ángel Oscar GEIJO – Santiago Manuel LOZANO - Jorge Enrique LACOSTE - Guillermo Enrique AVOGADRO - Federico ZAMARBIDE - Ricardo PATTERSON - Ricardo H. VÁZQUEZ - Adolfo STUBRIN - Carlos MIRA - Guillermo LASCANO - Mario BARLETTA - Graciela RIZZO - Horacio PERNASETTI - Cinthya Gabriela HERNANDEZ - Selva Elisabet LORIGGIO - Juan Pablo MAGIER - Domingo F. SARMIENTO - Luis Alberto TREJO - Facundo SUAREZ LASTRA - Jorge ENRIQUEZ - Irma ARGUELLO - Jose Luis RICCARDO – Mariano Candioti – Agustín CAMPERO – Luciano Rafael FABRIS - Jose CANO - Jorge YUNES - Lilia PUIG - Soledad CARRIZO - Pablo CERVI - Daniel KRONEBERGER - Manuel COLO AGUIRRE - Carlos BARTOLO - Vicente MASSOT - Ignacio RIVEROL - Miguel Ángel TOMA - Emilio PERINA - José FIGUEROA ALCORTA - Enrique MORAD - Humberto SCHIAVONI - Luis Alberto TREJO - Silvina LEONELLI - María Graciela PEREYRA PIGERL - Horacio GOICOCHEA - Silvia ELIAS de PEREZ - Antonio LORENZO - Fabio QUETGLAS - Juan CURUCHET - Lidia ASCÁRATE - Luis Alberto CÁCERES - Gonzalo DEL CERRO - Ricardo BURYAILE - Diego M. MESTRE - Gracia JAROSLAVSKY - Pedro TRUCCO - Julio MARTÍNEZ - Horacio ALBIONE – Elva ROULET – Carlos REUSSI.
Fuente: Infobae
