En las últimas semanas trascendieron declaraciones por parte del presidente Alberto Fernández y de dos ministros, Sabrina Frederic primero y Ginés González García luego, que pusieron de manifiesto la intención del Poder Ejecutivo Nacional de volver a reglamentar la Ley 27350 (“Ley de cannabis medicinal”), dado que su aplicación se limitó a una sola patología –la epilepsia refractaria– y a la investigación e importación de derivados de aceite producidos por laboratorios extranjeros, quedando pendiente el autocultivo con fines terapéuticos, y el cultivo solidario, entre otros puntos.
Mientras tanto, en las napas subterráneas de nuestra sociedad, quienes encontraron en la planta de cannabis algún alivio para los síntomas de las más de 45 patologías que pueden tratarse con el aceite o alguno de sus derivados, le siguen reclamando al Estado que les brinde la información, el acceso seguro a la sustancia, el control de los aceites, el acompañamiento médico. Estos reclamos vienen de los propios pacientes, de madres o familiares que cultivan para sus hijxs. Y, en los casos de aquellos usuarios que acceden a la producción de aceite por sus propios cultivos, el reclamo al Estado es para que deje de criminalizarlos y perseguirlos con la ley penal.
Lo interesante de esta discusión es que se despliega de manera simultánea en dos planos. Por una lado, de abajo hacia arriba, las agrupaciones cannábicas –de madres, fundamentalmente– que en distintas ciudades empujan y promueven normas esperando que los poderes Ejecutivo y Legislativo nacionales que reaccionen rápidamente. Por otro lado, se interpela a los ámbitos estatales subnacionales, para que se otorgue un paraguas de protección y acompañamiento.
En este contexto, en varias legislaturas provinciales (Santa Fe recientemente dio media sanción en la Cámara de Diputados y espera por su aprobación en el Senado) se debaten leyes provinciales que intentan llenar este vacío. También hubo un aluvión de ordenanzas municipales en la misma dirección: Florencio Varela, Castelli, San Antonio del Oeste, Hurlingham, Rivadavia, Berazategui, Tornquist, San Vicente, Río Grande, Lomas de Zamora y Viedma son algunos de los municipios que ya sancionaron sus propias normas.
La ciudad de Santa Fe se prepara para debatir en el recinto del Concejo Municipal una ordenanza que pueda regular en su jurisdicción el acceso seguro e informado al cannabis con fines terapéuticos, sumándose así a los municipios que se pusieron a la vanguardia del tema. Nuestra ciudad, como capital provincial, puede dar un paso importantísimo en el camino de garantizar el derecho a la salud a un sector importante de la sociedad.
Aquí se abre una de las múltiples aristas que tiene el debate y de las controversias que suscita: ¿tienen los municipios competencias para legislar sobre estos temas? ¿O es la política –junto a las organizaciones de la sociedad civil– la que debe abrir el camino hacia una institucionalidad que es obstruida por el ordenamiento jurídico vigente?
Lo que se pretende con la ordenanza propuesta es generar un régimen excepcional, ante la falta de reglamentación del Ejecutivo nacional de la ley 27.350 que, con los alcances de las potestades y competencias jurisdiccionales, marque el camino a seguir, además de proteger de manera concurrente o provisional a los vecinxs de esta ciudad.
Para comprender y abordar el problema no hay que invocar la frialdad de las leyes (la dimensión jurídica no es la única en juego), porque las leyes siempre son el resultado de la cristalización de relaciones de fuerzas pasadas. Sin embargo, las transformaciones sociales y culturales que chocan contra las instituciones existentes, encuentran otros cauces de acuerdo a la geografía del poder y las relaciones de fuerzas actuales.
Por eso estamos impulsando desde Barrio 88 –junto a Apucam– esta ordenanza. Porque necesitamos crear nuevas instituciones, innovar jurídicamente, como tantas veces ha sucedido en la historia reciente de nuestro país a la hora de conquistar derechos. ¿O acaso no recordamos –hablando de “controversias”– la causa judicial contra la entonces gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, por permitirle en su provincia a Alex Freyre y José María Di Bello que se conviertan en el primer matrimonio del mismo sexo en Latinoamérica, antecedente de la ley de matrimonio igualitario vigente en nuestro país?
Tenemos que seguir exigiendo al Ejecutivo nacional la pronta reglamentación de la Ley 27.350. Entretanto, lxs concejales de la ciudad tenemos una oportunidad histórica: garantizar el derecho a la salud de miles de santafesinxs. Es nuestra responsabilidad como legisladores sancionar normas que acompañen, protejan, y garanticen el cumplimiento del derecho a una vida digna.
Fuente: Télam
