El ajuste presupuestario contra las universidades que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei enfrentará este martes un fuerte repudio en las calles de las principales ciudades del país cuando se movilicen miles de docentes, trabajadores no docentes y estudiantes en defensa de la educación pública. Rectores y sindicatos alertan por la situación crítica de las instituciones.
Bajo el lema “En defensa de la universidad pública y gratuita”, se realizarán múltiples manifestaciones en todo el país, con epicentro en Ciudad de Buenos Aires, donde se llevará a cabo una marcha que comenzará a las 15.30 frente al Congreso y finalizará en Plaza de Mayo con un acto. De la movilización participarán también estudiantes y docentes de universidades privadas, en solidaridad con el reclamo.
Desde las casas de altos estudios denuncian que están atravesando una situación acuciante debido al congelamiento de las partidas y el incremento de los gastos de funcionamiento. Para el 2024, el Gobierno destinó los mismos fondos que utilizó la administración anterior en 2023, pese a que la inflación de diciembre pasado a marzo ya alcanzó el 90%.
Oscar Alpa, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector en licencia de la Universidad de La Pampa, habló con Ámbito sobre los motivos principales del descontento de la comunidad universitaria, que impulsó a la convocatoria para la marcha de esta jornada.
En primer lugar, explicó que los fondos para gastos de funcionamiento que se utilizan para cubrir tarifas de luz, gas, seguridad, limpieza, entre otros, “no llegan al 50% de lo que hoy se requiere”, teniendo en cuenta el aumento de la inflación en cada rubro. “Lo segundo es que entre diciembre y abril los salarios docentes y no docentes perdieron alrededor del 50% del valor real”, agregó.
Otra de las críticas del sector universitario al Gobierno es la demora en la convocatoria del sistema de becas, el cual permite aliviar la carga para aquellos estudiantes que se encuentran en situaciones vulnerables. “Recién ahora está abierta la convocatoria con valores similares o iguales a los del año pasado frente a una inflación de más del 50% en los primeros tres meses del año”, remarcó Alpa.
En cuarto lugar, el exsecretario de Políticas Universitarias de la Nación se refirió a “la paralización del sistema de ciencia y técnica” que se da “tanto en Conicet como en la no distribución de los fondos asignados para tal fin”, algo que desde el propio organismo vienen criticando desde hace meses.
Por último, las universidades reclaman a la gestión nacional por la paralización de las obras de infraestructura que se ejecutan en todas las universidades nacionales. “Hablamos de aulas, laboratorios, bibliotecas, etc.”, indicó el vicepresidente del CIN.
Carlos De Feo, Secretario General de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), uno de los principales gremios del país, dialogó con este medio al respecto de la situación universitaria. “El principal motivo de la movilización es la defensa de la universidad pública gratuita. La segunda cuestión es la presupuestaria. El hecho de que tengamos el mismo presupuesto que el año pasado, con la inflación que hay, hace imposible que las universidades puedan seguir funcionando”, señaló.
El ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional afecta a todas las universidades nacionales, es decir, a un total de 57 instituciones distribuidas por todo el territorio argentino. Allí trabajan 250 mil personas, entre docentes y no docentes, y acuden dos millones y medio de estudiantes.
Para la titular de Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ileana Celotto, el espíritu de la movilización es la defensa de la universidad pública, gratuita y laica “contra la motosierra y la ofensiva del Gobierno”. “Es imposible pensar que en el 2024 se pueda funcionar con un presupuesto votado a fines del 2022 para el 2023”, advirtió en diálogo con este medio.
Celotto calificó el recorte como una “asfixia presupuestaria” y afirmó que el Gobierno “atenta contra las actividades de docencia, extensión e investigación”. “Esa asfixia no se puede solucionar con un autoajuste acorde a lo que requiere el Gobierno, sino que hay que salir a enfrentarlo”, sintetizó.
En los últimos días, el Gobierno de Milei anunció un aumento del 140% en las partidas para gastos de funcionamiento. Pese a haber sido presentado como fruto de un “consenso”, el Consejo Interuniversitario Nacional, órgano que nuclea a todas las universidades nacionales, negó haber alcanzado un acuerdo y reafirmaron el reclamo.
Un análisis realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) indica que, de concretarse el aumento anunciado, apenas significará una suba del 4,1% del presupuesto. Esto se debe a que los gastos de funcionamiento explican solamente el 7,9% del total. En resumen, si se compara con las cifras del 2023, lo presupuestado se ubica 71% por debajo.
De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las transferencias a las universidades nacionales en el primer bimestre estuvieron 28% por debajo de 2023 y 23% bajo el promedio de los últimos 6 años. Además, el presupuesto devengado en Educación sobre el total de gastos del sector público se ubica en 3,6%, siendo el menor porcentaje de la década.
Para el vicepresidente del CIN, “la única política clara que implementó este Gobierno para las universidades y el sistema de ciencia y tecnología argentino es un recorte de los fondos”. Siguiendo esa línea, se preguntó si Milei “está dispuesto a invertir y mantener un sistema universitario y científico reconocido en todo el mundo o por el contrario pretende reducirlo y minimizarlo para el acceso de unos pocos”.
Fuente: Ambito
