Las agrupaciones de docentes universitarios han anunciado una medida de fuerza de tres días —miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre— en reclamo del incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la urgente recomposición salarial en el sistema de educación superior pública.
¿Qué está en juego?
La Ley 27.795, aprobada por el Congreso, establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y contempla mecanismos para la actualización automática del presupuesto en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, busca garantizar la recomposición salarial del personal docente y no docente del sector universitario.
Sin embargo, el Ejecutivo nacional promulgó la ley pero luego suspender su aplicación con el argumento de que el proyecto no contaba con fuentes de financiamiento claras. En concreto, el Javier Milei emitió el Decreto 647/2025 para vetar su puesta en marcha.
Motivos del paro
La convocatoria al paro fue definida por la federación CONADU Histórica en un Congreso Extraordinario con 84 representantes de asociaciones base de todo el país. En su comunicado, la federación señaló que el sector sufre un “profundo deterioro salarial” y reclamó “la inmediata convocatoria a paritarias” junto a la implementación urgente de la ley sancionada.
Claves del conflicto presupuestario
- El proyecto de ley estimaba un costo para su implementación en 2025 de aproximadamente $1.069.644 millones, aunque algunas fuentes señalan que la cifra total ascendería a casi $1.960.000 millones.
- El gobierno argumentó que el texto no consignaba fuentes de financiamiento concretas, un requisito exigido por la Ley 24.156 (que regula administración financiera del sector público nacional).
- Las universidades denuncian un desfase presupuestario elevado: se habla de un “desfase del 134 % entre las partidas asignadas y la inflación acumulada”.
Qué se reclama
- Que se “active” de manera plena la Ley 27.795, es decir, que el Estado nacional financie la universidad pública conforme a lo previsto.
- Una recomposición salarial del personal docente y no docente que permita recuperar el poder adquisitivo.
- La convocatoria a paritarias específicas para el sector universitario.
- Que el presupuesto de universidades contemple la actualización automática por inflación y garantice el funcionamiento de las instituciones.
Escenario político y educativo
El conflicto se da en un contexto en el que el sistema universitario reclama asegurar condiciones dignas de trabajo y evitar “la pérdida del futuro”, según declaraciones de representantes universitarios. Desde el lado del Ejecutivo se apunta a resguardar el control del gasto público y evitar comprometer finanzas sin la correspondiente fuente presupuestaria.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya había decidido llevar el caso a la justicia para exigir el cumplimiento de la ley por parte del Estado.
