En una jornada histórica, el Senado uruguayo aprobó la Ley de Muerte Digna, con la que el país legalizó la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Luego de más de diez horas de debate, el proyecto obtuvo una amplia mayoría, con el voto favorable de todos los senadores del Frente Amplio y el acompañamiento de legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional.
La iniciativa, que lleva años de discusión en el Parlamento, despenaliza la eutanasia para mayores de edad psíquicamente aptos que padezcan enfermedades incurables, irreversibles o sufrimientos físicos y psíquicos intolerables. El objetivo, según el texto, es “garantizar el derecho a transcurrir dignamente el proceso de morir”.
Uruguay se suma así a un reducido grupo de países que permiten este procedimiento, entre ellos Canadá, España y los Países Bajos. En América Latina, sólo Colombia y Ecuador lo han legalizado, aunque en ambos casos por fallos judiciales.
Durante la sesión, el debate se desarrolló en un clima de respeto y emoción. En las gradas, familiares de pacientes y militantes del derecho a morir dignamente siguieron las exposiciones con atención. La votación final, sin embargo, estuvo marcada por protestas de grupos opositores, lo que obligó al desalojo de parte del público.
Entre las voces más escuchadas estuvo la de Beatriz Gelós, de 71 años, que convive desde hace dos décadas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). “Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana, muy bien redactada”, había dicho antes del debate. También la familia de Pablo Cánepa, un hombre de 39 años con una enfermedad rara e incurable, expresó su alivio: “Pablo no está viviendo. No es vida esto que tiene”, resumió su madre.
El proyecto contempla estrictos requisitos: ser mayor de edad, residente en el país, encontrarse en etapa terminal o con sufrimiento insoportable, y manifestar por escrito la voluntad de acceder a la eutanasia luego de instancias médicas y psicológicas previas.
Para el senador oficialista Daniel Borbonet, se trata de un texto “sólido, equilibrado y con seguridad jurídica”. En cambio, el opositor Pedro Bordaberry lo calificó como “una ley de fomento de la muerte asistida”.
Los impulsores de la medida destacan que la norma mantiene la tradición progresista de Uruguay, que fue pionero en América Latina en aprobar leyes como el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y la regulación del cannabis. Según una encuesta de la consultora Cifra, más del 60% de los uruguayos apoya la legalización de la eutanasia.
Con la promulgación de la ley, Uruguay se consolida una vez más como referente regional en derechos civiles, abriendo un nuevo capítulo en el debate ético y social sobre el final de la vida.
