La tranquilidad del barrio Mariano Comas se ha visto fracturada por una problemática que, según sus propios habitantes, ha dejado de ser una actividad económica de subsistencia para convertirse en un esquema de extorsión y violencia. Ariel, vecino de la zona, manifestó la creciente preocupación tras un grave incidente el pasado domingo, donde un automovilista fue apuñalado por un cuidacoches en las inmediaciones de la Facultad de Derecho. Para los residentes, este hecho no es aislado, sino la culminación de un proceso de degradación que incluye autos vandalizados y amenazas constantes a quienes se niegan a pagar sumas de dinero que consideran excesivas.
Cuál es el estado de salud del hombre apuñalado por un “cuidacoches”
El conflicto se agudiza durante los días de eventos masivos, especialmente cuando el club Unión disputa partidos en horario nocturno. Según el testimonio recabado, las tarifas por el “cuidado” de los vehículos pueden alcanzar cifras irrisorias, con reportes de hasta 20.000 pesos por noche. “Pedir plata está bien, pero pedir y amenazar es una extorsión; no debemos normalizar este tipo de violencia”, sentenció Ariel, quien además vinculó la permanencia de algunos cuidacoches con sectores de la barra brava, lo que dificulta aún más la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos.
La crítica de los vecinos también apunta a una notable desinversión en infraestructura y falta de regulación por parte de las autoridades locales. Denuncian que la señalización vial es prácticamente inexistente, con cordones y sendas peatonales despintadas, lo que contribuye al desorden general del barrio. Además, aseguran que los intentos previos de la Municipalidad por regularizar la actividad y empadronar a los trabajadores del sector han sido insuficientes, dejando a los ciudadanos en medio de una presión “pinza” entre la grúa municipal y la exigencia de los cuidacoches.
Ante este panorama, la comunidad de Mariano Comas exige una respuesta coordinada entre el Estado provincial y municipal. Solicitan patrullajes preventivos de la Policía y una presencia efectiva de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), especialmente en las zonas comerciales y en los horarios de mayor afluencia de público. Los vecinos advierten que la falta de intervención estatal no solo fomenta la inseguridad, sino que permite que la violencia escale, transformando un simple reclamo por un estacionamiento en una tragedia evitable.
