La titular de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, María Victoria Stratta, remitió al juez a cargo del concurso de la empresa Vicentín, Fabián Lorenzini, un documento a través del cual ofrece pruebas para sustentar el escrito que solicitó la intervención de la firma el 19 de junio pasado.
Entre otros aspectos, las pruebas hacen referencia a la "participación de Vicentín en otras sociedades" y desmiente que sea minoritaria.
Además, se menciona el "dominio de bienes de los directores como maniobras de venta, donación, entre otros puntos".
Por otra parte, el gobernador Omar Perotti decidió intervenir el puerto de la ciudad de Reconquista luego de recibir un informe del representante de la provincia en el Ente Portuario que contenía irregularidades cometidas por la concesionaria de la terminal, perteneciente al grupo Vicentin.
El mandatario provincial firmó el lunes el decreto número 574/20, a través del cual dispuso la intervención del Ente Portuario Puerto Reconquista (EAPRe) por 180 días.
A través del mismo decreto, Perotti designó como titular de la intervención al actual representante de la provincia en la entidad, Martín Deltin.
En 1999, una parte del Puerto Reconquista fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte SA, conformada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA.
Perotti indicó en el decreto de intervención que "por la magnitud, extensión y capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley".
También puntualiza el decreto que "según surge de las del Actas de Directorio, se observa en cuanto al régimen de organización y ejercicios de cargos, una confusión de funciones y responsabilidades y que pueden ser consideradas, en principio, un apartamiento de la Ley y su reglamentación en cuanto al régimen de organización del órgano de conducción”.
El decreto también adjudica un “grave incumplimiento en cuanto a la Fiscalización y Control", que deriva en "que el desenvolvimiento institucional del EAPRe resulte cuestionable por las conductas administrativas contradictorias con ciertos estándares valorativos".
"No existen registros de haber cumplido en tiempo y forma con la obligación de elevar al Poder Ejecutivo el balance general al 31 de diciembre de cada año", añade el decreto, que ordena la intervención del puerto por 180 días "ante la gravedad de los hechos detallados”.
Finalmente, el texto encomienda a la Sindicatura General de la Provincia “una auditoría integral del Ente", con "facultades de ampliar los alcances de la misma en la medida que su proceder así lo justifique”.
Fuente: Rosario 3
