Este lunes y por decreto, el intendente Emilio Jatón prorrogó por 90 días el Plan de Austeridad establecido en los días iniciales de su gestión. El mismo regirá hasta el 30 de setiembre próximo.
La norma establecía como una de las primeras acciones de gobierno, un congelamiento salarial para la planta política, respecto de los valores vigentes al 11 de diciembre de 2019.
En ese marco, contemplando la difícil situación económica legada por la gestión anterior y que se profundizó en el marco de la emergencia por COVID-19, se definió que el medio aguinaldo del personal político sea abonado en tres cuotas, la primera de ellas, el próximo 9 de julio.
Entre los considerandos, el decreto recuerda “el contexto de excepcionalidad y emergencia que obliga a los distintos poderes del Estado a adoptar medidas a los fines de mitigar el impacto negativo que las acciones de prevención del COVID-19 provocan sobre la economía a raíz de la lógica merma de la actividad productiva”. Por ello establece como “necesario prorrogar las medidas de austeridad adoptadas en pos de procurar un esfuerzo compartido entre todos los estamentos de la sociedad”.
Del mismo modo, deja en claro que “en momentos de crisis social se debe asumir más que nunca un rol ejemplar en la administración de la cosa pública evitando gastos que no sean indispensables y reforzando criterios de austeridad con los que debe gestionarse cada decisión de estado”.
Por último, explica que la intención es “generar transparencia y eficiencia en la utilización de los recursos del Estado sin afectar el funcionamiento de los servicios”.
Recursos municipales
Al inicio de la gestión, la iniciativa del intendente Jatón estableció acciones en pos de lograr austeridad y transparencia en la administración de los recursos municipales, ante el momento de crisis económica y social que, a fines del año 2019, afectaba las arcas del Estado local, el cual se veía agravado por una deuda heredada de 1.300 millones de pesos.
El plan establece el congelamiento de salarios, limita los gastos del gabinete, determina una revisión de los contratos de alquiler del municipio, instruye la venta o subasta de bienes muebles y elabora un programa de reformulación de procesos en materia de contrataciones, con reglas claras de selección de proveedores, entre otras medidas tendientes a reducir y transparentar la gestión.
