Integrar el sistema de salud público y privado bajo un mismo paraguas institucional para fijar reglas transversales, de modo tal que el Estado conozca la problemática de los distintos prestadores, sean obras sociales o prepagas, para poder actuar de manera rápida, es uno de los objetivos principales de la reforma del servicio que plantearon esta semana funcionarios, dirigentes, legisladores y sindicalistas.
El disparador fue la realidad que dejó al descubierto la pandemia por coronavirus, en la que esa integración se dio como consecuencia lógica de una necesidad, en forma "forzada" para sostener la atención en hospitales y sanatorios.
El tema cobró dimensión esta semana con una referencia que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que repercutió en todo el arco político, de las obras sociales y de las prepagas.
Incluso el presidente Alberto Fernández se refirió al tema el viernes cuando dijo: "Tendremos que ver cómo optimizar el funcionamiento, cómo coordinamos y cómo mejoramos a partir de la experiencia vivida el funcionamiento del sistema de salud público, parapúblico y privado".
Fernández hizo esta reflexión durante el acto en el Museo del Bicentenario, en el que presentó un proyecto de ley para jerarquizar la tarea de los enfermeros y enfermeras, marco en el que reconoció "el esfuerzo inmenso" del personal de salud y se planteó cómo "optimizarlo".
"Tendremos que ver cómo optimizarlo. Es lo que habló Cristina en La Plata. Es decir, cómo podemos mejorar todo esto a partir de la experiencia vivida, porque un Estado que no se preocupa de la salud de sus hombres y mujeres no merece existir", completó.
El lunes pasado, al participar de un acto en la ciudad de La Plata, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había abogado por "repensar el sistema de salud" al advertir que "las prepagas no saben dónde colocar a la gente" y que la atención sanitaria "terminó integrada a las patadas" porque "lo impuso la realidad".
El presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) bonaerense, Homero Giles, quien está al mando de la obra social provincial, un ente descentralizado del gobierno de Axel Kicillof, asumió que tal como está planteado el sistema de salud, "los distintos actores terminan compitiendo", por lo que resulta "clave" articular "reglas transversales".
En diálogo con Télam el funcionario, designado por el Ejecutivo provincial, descartó que la iniciativa implique una "estatización" del sistema.
"Cuando surge una tensión o crisis, como con la pandemia, algunos logran tener insumos y servicios y otros no", sostuvo el funcionario, al hacerse eco del planteo que viene haciendo en el mismo sentido la vicepresidenta y que en los últimos días fue acompañado por distintos referentes.
La vicepresidenta viene haciendo hincapié en la necesidad de reformular el servicio de salud desde fines del año pasado, cuando llamó a "reconceptualizar el sistema"
En la misma línea se habían expresado también durante la semana los ministros de Salud nacional y bonaerense, Carla Vizzotti y Daniel Gollan, respectivamente, quienes se mostraron a favor de iniciar un trabajo conjunto con los actores del sistema para disminuir la fragmentación en la atención y favorecer la coordinación.
La vicepresidenta viene haciendo hincapié en la necesidad de reformular el servicio de salud desde fines del año pasado, cuando llamó a "reconceptualizar el sistema" tanto en un acto en el Estadio Único de La Plata como durante una videoconferencia de la agrupación "Soberanía Sanitaria" que encabeza el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
Giles aclaró además que esta discusión no es "novedosa" porque ya en 1973 el entonces presidente Juan Domingo Perón había impulsado un proyecto de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud que buscaba una confluencia a través de una ley con "adhesión de las provincias y obras sociales".
Incluso el embajador argentino en España, el radical Ricardo Alfonsín, se refirió a la iniciativa y cuestionó el rechazo de la oposición al afirmar que "hay radicales que deberían explicar por qué se oponen ahora al proyecto de reforma del sistema de salud, si siempre habían defendido el de Alfonsín-Neri que era, por decirlo de alguna manera, más osado que el actual".
"Aunque lo nieguen, saben que esto es cierto", sostuvo el político radical hijo del expresidente Ricardo Alfonsín, actual representante diplomático argentino ante España.
La pandemia y la integración a la fuerza
Giles, con quien Télam analizó la iniciativa expuesta por la vicepresidenta, reseñó que a raíz de la pandemia "se dio una integración a la fuerza del sistema porque había personas con prepagas y obras sociales que no tenían camas y ocupaban las del sector público", además de que esas empresas, dijo, "no pudieron resolver el problema de falta de medicamentos y abastecimiento de oxígeno y pidieron ayuda al Estado".
En el mismo sentido, graficó que "el 99,9% de las personas que sufren un accidente de tránsito son atendidas en hospitales públicos, aunque tengan el servicio más costoso de prepaga, pero no hay un esquema de recupero de los costos que tienen esos hospitales".
Para Giles, una eventual reforma sanitaria debería instrumentarse a través del Poder Legislativo, de modo tal de dotar de "institucionalidad a todas esas relaciones informales".
"Si a las clínicas privadas o algunas obras sociales no se les ocurre llamar al Estado para solicitar ayuda, el Estado no tiene mecanismos para darse cuenta de que los precios se disparan, o el oxígeno está faltando, o algún prestador está incumpliendo su convenio", insistió el titular de IOMA.
Por otro lado, atribuyó el rechazo que el planteo generó en distintos sectores a la "necesidad de algunos de instalar conceptos como la estatización, porque los deja bien parados pelearse con aquellos que venimos hablando de integración".
"Eso no está planteado porque, además, no es necesario -explicó-: el sistema nacional integrado de salud, incluso en el proyecto del '73, habla de una integración de todos los actores en un sistema que esté más organizado y conducido por el Estado nacional y las provincias".
El objetivo es ver cómo se "puede ayudar desde el Estado para que los prestadores brinden su servicio de una forma más ordenada y sin correr tanto sobre las urgencias", concluyó Giles.
Fuente: Télam
