Las protestas que enfrentará este martes el Gobierno nacional tienen un frente en común, que es la exigencia de que se reduzcan los precios de la gasolina extra y el diésel a lo establecido en junio pasado, sin embargo, cada organización social participante tiene reivindicaciones particulares.
Desde la madrugada de este martes, sindicalistas, maestros, estudiantes, las bases del movimiento indígena y agricultores afines al Parlamento de los Pueblos iniciarán una “jornada de lucha y resistencia” en las provincias que tendrá el carácter de progresiva. Es decir, prevé extenderse por los siguientes días y la intensidad de su manifestación dependerá de cómo responda el presidente Guillermo Lasso.
En Quito, la marcha se concentrará pasadas las 16:00 de este martes, y se dirigirá hasta el centro histórico de la capital, para hacer escuchar sus demandas al Ejecutivo.
El denominado Parlamento de los Pueblos se constituyó en octubre del 2019, tras el violento paro nacional por la derogatoria del decreto 883, con el que el expresidente Lenín Moreno eliminó los subsidios a los combustibles, aunque retrocedió en la medida debido a la crisis política social y económica que vivió el país en esos once días de descontento.
Ese colectivo agrupó al Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Unión Nacional de Educadores (UNE) que encabezaron el paro en ese entonces. En la actualidad confluyeron otros sectores como la Federación de Nacionalidades Indígenas Evangélicas (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) (que respaldaban al expresidente Rafael Correa), entre grupos campesinos y agricultores.
Los une la misma demanda de hace dos años: los precios de los combustibles.
Con la llegada de Guillermo Lasso al poder, estos colectivos exigían que derogue los decretos que fijan los costos de la gasolina extra y el diésel suscritos por Moreno, entre ellos, el 1054 de mayo del 2020 que dispuso el incremento gradual mediante un sistema de bandas, con lo que, al 12 de octubre, la gasolina incrementó su valor a $ 2,50 y el diésel a $ 1,68.
Pero este 22 de octubre, el jefe de Estado anunció que suspendía el alza gradual, y a la par fijó un último valor de la gasolina extra en $ 2,55 y el diésel a $ 1,90.
Para los gremios sociales esta decisión es una “burla” porque elevó los precios y luego suspendió el aumento progresivo.
Entonces, su exigencia varió para que Lasso retroceda y fije el precio al de junio pasado en los márgenes de $ 2 la extra y extra con etanol y hasta en $ 1,50 el diésel.
En la efervescencia de esta convocatoria, cada organización hará prevalecer sus reclamos. Ayer, en una declaración pública en conjunto se expusieron varias de sus posturas.
Fuente: El Universo
