El boomerang desatado por la causa de los cuadernos de la corrupción dejó efectos colaterales: la Justicia comenzó a investigar por qué el Gobierno argentino le pagó más de 66 millones de pesos, a partir de 2007, a la remisería en la que trabajaba Oscar Centeno, el autor de las anotaciones que dispararon la investigación por la que la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro Julio De Vido están procesados como líderes de una banda que recaudaba coimas entre empresarios de la obra pública.
Fue así que un fiscal solicitó una batería de medidas a diferentes organismos oficiales para determinar cuánto facturaba la agencia de remises, qué autos prestaban servicios, qué cuentas bancarias tenían y si tenían empleados en blanco, de acuerdo indicaron a Infobae fuentes judiciales.
Se trata de una ramificación que se abrió a raíz de la causa de los cuadernos. Según el dictamen al que accedió Infobae, el fiscal Eduardo Taiano abrió una causa y le pidió al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que lleve adelante una serie de diligencias para investigar a la empresa Transcom Service SA, una agencia de remises ubicada en San Fernando que entre 2007 y 2015 facturó "la suma de $66.111.531,56 en virtud de los presuntos servicios de transportes brindados al entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación".
Uno de esos autos era conducido por Centeno, que se encargaba de trasladar a Roberto Baratta, ex secretario de Coordinación de la cartera. Sus viajes fueron los que quedaron relatados por Centeno, en donde se hablaba de entregas y retiros de dineros que vincularon a funcionarios y empresarios. Las copias de esas anotaciones llegaron a manos del fiscal Carlos Stornelli, vía el periodista Diego Cabot, de La Nación, que recibió ese material de parte de un militar, por entonces amigo de Centeno, que las tenía en custodia.
Cuando el caso explotó mediáticamente el 1 de agosto, el chofer, que confesó que quemó los cuadernos, se convirtió en arrepentido y pasó a formar parte del programa de protección de imputados-colaboradores. Está procesado como partícipe de la banda de los cuadernos que habría liderado Cristina Kirchner y que estuvo organizada, según la Cámara Federal, por De Vido, Baratta, el ex secretario José López, el financista Ernesto Clarens y el empresario Carlos Wagner.
Fue la ex esposa de Centeno, Hilda Horovitz, la que puso en la mira la agencia de remises. "Sospeché que Centeno se quedaba con dinero porque un simple chofer no puede hacer todo lo que hizo. Pasar de remisero a todo lo que hizo, tener una agencia propia. Me decía que le tiraba migajas Roberto Baratta. Él las guardaba en la caja fuerte, pero yo nunca lo vi –dijo en declaraciones a la prensa al comienzo del caso-. Empezó como chofer y después arrancó a comprar autos, no sé cómo hizo. Después hizo que yo sea dueña de la remisería, que me fui dando cuenta más tarde. Yo no recibía plata".
Como testigo ante el juez Claudio Bonadio, Horovitz contó que fue instada a sacar préstamos para comprar cuatro autos que él puso a trabajar para el ex Ministerio de Planificación. Además, Jorge Bacigalupo, el ex amigo de Centeno que colaboró con la difusión de los cuadernos, también habría tenido al menos un auto a nombre suyo, adquirido por Centeno.
Fuente: Infobae
