El Gobierno oficializó este lunes, con su publicación en el Boletín Oficial, el decreto de necesidad y urgencia que reforma la ley 22.802, de Lealtad Comercial. La intención de la renovada normativa es endurecer los controles a los supermercados, proteger a las pyme y regular la competencia en el comercio. Prevé la aplicación de multas de hasta $ 200 millones para las firmas infractoras.
Se trata de una ley que estaba vigente desde la dictadura (fue promulgada en mayo de 1983) pero que, según entienden en el Gobierno, había quedado obsoleta. Con el DNU, el Presidente saltea al Congreso, pese a los cuestionamientos que se hicieron sentir desde un sector de la oposición y también de empresarios.
El texto del decreto consta de 77 artículos, agrupados en ocho títulos. El primero tiene que ver con la “competencia desleal”. En el artículo 4, aclara que se aplicará la ley “en cualquier acto de competencia desleal, realizado antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse”. Y precisa que “la aplicación no está supeditada a la existencia de una relación de competencia entre los sujetos del acto de competencia desleal”.
En el artículo 8, agrega que para identificar un acto de competencia desleal “no será necesario acreditar la generación de un daño, pudiendo éste ser actual o potencial”.
Entre los actos de competencia desleal, en el artículo 10 se especifica casos en los que se busca “engañar” o “confundir” respecto a la fabricación, naturaleza, origen o distribución de los productos y servicios. También se castiga la venta por debajo del precio de adquisición o fabricación, para eliminar u obstaculizar a un competidor; y a aquellas situaciones en las que se violan normas y se saca ventaja a la competencia de esa situación.
Enfocado en las pyme, el inciso D, además, habla de los casos de “Abuso de situación de dependencia económica”. Se trata de aquellos en los que se busca “explotar la situación de dependencia económica en que pueda encontrarse una empresa cliente o proveedora” y se le pidan descuentos o condiciones “adicionales que no se conceden a compradores similares”.
En el punto E, tipifica la “obtención indebida de condiciones comerciales”. Apunta que “se considerará desleal la obtención, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, de precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones no recogidas en el acuerdo pactado o sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales”.
Fuente: Clarin.com
