El precandidato a Convencional por el peronismo, Juan Monteverde, presentó una demanda formal ante la justicia electoral contra la lista del gobernador Maximiliano Pullaro, exigiendo que cumpla con la ley y garantice la difusión de las elecciones del 13 de abril.
El postulante a ser reformista por el PJ, sostuvo que “la gente no sabe qué se vota y eso no es casual”. Según el candidato, el gobernador prefiere evitar el debate sobre los problemas reales de la ciudadanía y se enfoca únicamente en discutir su reelección.
En su presentación ante el Tribunal Electoral, Monteverde advirtió que “no se advierten campañas públicas destinadas a informar a la ciudadanía sobre la elección del 13 de abril, en la que se decidirá la reforma de la Constitución provincial, después de 60 años”. Además, criticó la ausencia de información sobre el tema en la página web oficial de la Provincia de Santa Fe.
A poco más de una semana de los comicios provinciales, Monteverde considera que la falta de publicidad oficial y difusión representa una “clara afectación al derecho a la participación política de la ciudadanía”. En consecuencia, solicitó al Tribunal Electoral que ordene al Gobernador de la Provincia de Santa Fe que adopte las medidas necesarias para asegurar una amplia difusión de las elecciones a Convencionales Reformadores, tal como lo exige la ley.
Del mismo modo, en su presentación considera que el gobierno quiere sacar ventaja con los que son candidatos y ejercen cargos públicos, haciendo actos, inauguraciones o anuncios.
La ley 12.080 establece que “durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno en cualquiera de sus niveles y categorías, no podrá contener elementos que promuevan la captación directa del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos. Queda prohibido durante quince días anteriores a la fecha fijada para el comicio, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación directa del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos” y busca que se garantice la igualdad y equidad eleccionaria.
