La detención del exfiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leandro Benegas, se concretó finalmente este viernes tras una resolución de la jueza penal Claudia Bressán. El procedimiento se llevó a cabo inmediatamente después de que la Asamblea Legislativa santafesina oficializara su suspensión, medida que eliminó la inmunidad de arresto que impedía que el exfuncionario fuera tras las rejas.
Benegas ya contaba con una orden de prisión preventiva dictada el pasado 23 de febrero por la magistrada Norma Senn. Sin embargo, en aquel momento, su ejecución había quedado en suspenso debido a los fueros institucionales que lo protegían en su carácter de fiscal. Con la intervención del Poder Legislativo, que dejó sin efecto su cargo el día previo a la detención, la justicia pudo avanzar con el cumplimiento de la cautelar.
La situación procesal
El ahora detenido enfrenta una imputación como presunto autor de abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores, agravada por intimidación o coerción. La investigación, que se encuentra en la etapa penal preparatoria, se centra en hechos cometidos en perjuicio de una menor de edad.
Tras ser arrestado, Benegas fue trasladado a una unidad de detención donde permanecerá mientras avanza el proceso. La jueza Bressán fundamentó la efectivización de la medida basándose en las leyes provinciales 13.013 y 13.695, que regulan el funcionamiento del MPA y el régimen de fueros para funcionarios judiciales.
El debate sobre la prescripción
A pesar de que la detención ya es efectiva, la causa mantiene un frente abierto en el ámbito técnico. La defensa del exfiscal sostiene que los delitos imputados habrían prescrito, bajo el argumento de que ocurrieron antes de la sanción de la “Ley Piazza” en 2011, la cual modificó los plazos de prescripción para abusos sexuales infantiles.
Este planteo defensivo aún aguarda una resolución definitiva por parte del Poder Judicial. No obstante, mientras se dirimen estas cuestiones de plazos legales, Benegas deberá transitar el proceso bajo arresto preventivo, marcando un precedente de alto impacto institucional en el norte provincial.
