Por Juan Trento
Tras dos años de tareas de inteligencia criminal, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización que operaba en diversas jurisdicciones del país. El operativo consistió en 140 allanamientos simultáneos ejecutados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Tierra del Fuego.
La investigación fue llevada adelante por el Departamento Investigaciones Antimafia (DIA) de la PFA. Se inició a partir de un alerta sobre maniobras irregulares en la compra de armamento dentro del mercado legal, lo que permitió reconstruir una estructura delictiva organizada.
El armamento secuestrado y la conexión internacional
Durante los procedimientos se logró la aprehensión de 35 personas y el secuestro de un arsenal impactante:
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120 armas de fuego, incluyendo 55 pistolas, 25 escopetas, 17 revólveres y 7 fusiles.
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7 ametralladoras, una granada y 43.000 municiones de diferentes calibres.
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Máquinas de recarga y dos cuñetes de pólvora.
Debido a la complejidad del caso, las autoridades no descartan vínculos con países vecinos como Uruguay, Brasil y Paraguay, hacia donde se sospecha que se desviaba parte del material.
Cómo funcionaba la red de tráfico ilegal
La organización utilizaba “testaferros” o personas interpuestas sin capacidad económica para adquirir las armas legalmente. En este esquema fraudulento participaban responsables de comercios, gestores e instructores que facilitaban la documentación necesaria.
Una vez obtenidas, las armas eran derivadas al mercado ilegal con la numeración adulterada o suprimida. Las ganancias obtenidas se canalizaban mediante la compra de bienes, configurando además el delito de lavado de activos.
Actuación de la Justicia Federal
El juez federal Adrián González Charvay y el fiscal federal Santiago Marquevich ordenaron que todos los detenidos permanezcan privados de su libertad. Se les formó causa por tenencia indebida de armas de fuego de uso civil y de guerra, además de lavado de activos. Todo el material secuestrado permanece bajo una férrea custodia policial por orden de la fiscalía.
