La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la queja interpuesta por la Municipalidad contra el fallo de primera instancia del juez Octavio Silva. Con esta decisión, queda firme la anulación de las fotomultas aplicadas en el radar de calle Marcial Candioti, al entender que el municipio no pudo acreditar la vigencia y publicidad del límite de velocidad de 40 km/h al momento de las infracciones.
La abogada Florencia Gervasoni, protagonista del caso, explicó que la Corte consideró que los planteos locales no revestían materia constitucional y que solo buscaban reiterar discusiones ya saldadas. En un párrafo determinante, el tribunal mencionó la no vigencia de la reducción de velocidad durante el periodo en que la Municipalidad insistía en aplicar las sanciones.
El origen del conflicto: falta de cartelería y publicidad
El reclamo se inició en 2024, cuando Gervasoni fue notificada de una multa del año anterior. Al revisar el sistema, descubrió que acumulaba 13 infracciones por circular a velocidades de entre 44 y 45 km/h. La defensa se basó en que, desde la instalación del radar en 2018, la velocidad máxima permitida en ese sector era de 50 km/h.
Durante el proceso judicial, se demostró que:
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Hasta 2023, la cartelería visible indicaba una máxima de 50 km/h.
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Pruebas de Google Maps mostraron carteles tapados por vegetación.
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La Municipalidad solo presentó notas internas enviadas a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) solicitando el cambio de calibración, pero no un acto administrativo con trascendencia pública.
Impacto económico y próximos pasos
La sentencia original evitó que la profesional debiera abonar una cifra que, a valores actuales, rondaba los 2,5 millones de pesos. Gervasoni celebró el fallo destacando el equilibrio de poderes: “Celebro que el Poder Judicial ponga un freno a un avasallamiento por parte del Estado municipal”.
Respecto al resto de los ciudadanos que pagaron multas similares, la abogada señaló que, lamentablemente, quienes ya abonaron o se acogieron a planes de pago difícilmente puedan recuperar el dinero. El próximo paso en la causa será la determinación de los honorarios correspondientes por las actuaciones administrativas y judiciales, que deberán ser costeados por el municipio.
