En los últimos dos años, más de 740.000 personas dejaron de contar con cobertura de salud privada en Argentina, en un contexto marcado por el encarecimiento de las prepagas y la pérdida del poder adquisitivo. Como consecuencia, crece la demanda sobre el sistema público, que enfrenta nuevos desafíos para sostener la atención.
Según un informe basado en datos del Indec, la proporción de la población con obra social, prepaga, mutual o servicios de emergencia pasó del 67,5% en el segundo semestre de 2023 al 65,4% en el mismo período de 2025. Esto se traduce en un incremento significativo de personas que dependen exclusivamente del sistema estatal: de 9,5 millones a más de 10,2 millones.
El fenómeno refleja un cambio sostenido en el acceso a la salud, especialmente entre los sectores de menores ingresos, para quienes el costo de la medicina privada se volvió cada vez más difícil de afrontar.
El impacto de las subas en prepagas
Uno de los principales factores detrás de esta caída es el fuerte aumento en las cuotas de las empresas de medicina prepaga. En los últimos dos años, los valores se incrementaron un 417%, muy por encima de la inflación acumulada en el mismo período, estimada en un 293%.
Si bien en los últimos meses los ajustes se alinearon más con el Índice de Precios al Consumidor —con subas en torno al 3%—, el impacto acumulado ya provocó la salida de cientos de miles de afiliados del sistema.
Más demanda y menos recursos en el sistema público
La migración hacia el sistema público genera una presión adicional sobre hospitales y centros de salud estatales, que deben absorber una mayor demanda sin un crecimiento proporcional de recursos.
Esta situación se da en paralelo a problemas de financiamiento en distintos niveles del sistema sanitario. Por ejemplo, hospitales universitarios denunciaron recientemente la falta de transferencias presupuestarias, lo que afecta la compra de insumos, la realización de cirugías y la atención general.
Un escenario complejo para la salud
El deterioro en la cobertura de salud expone una problemática estructural que combina factores económicos, decisiones de política pública y tensiones en el sistema sanitario.
Con más personas dependiendo del sector público y menos acceso al sistema privado, el desafío pasa por garantizar la calidad y la capacidad de respuesta en un contexto cada vez más exigente, donde el acceso a la salud vuelve a estar en el centro del debate.
