El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al ex presidente de Cuba Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996 sobre el estrecho de Florida, un hecho en el que murieron cuatro personas.
La imputación incluye cargos por homicidio, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. La presentación fue realizada ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida y representa una nueva escalada en la política de presión de la administración de Donald Trump hacia el gobierno cubano.
El anuncio fue encabezado por el fiscal general interino Todd Blanche en la Torre de la Libertad de Miami, un edificio emblemático para la comunidad cubana en el exilio.
El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando aviones militares cubanos derribaron dos aeronaves pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate, integrada por pilotos exiliados cubanos que participaban en tareas de asistencia a migrantes en el mar.
En el ataque murieron los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, además del residente legal Pablo Morales. Un tercer avión logró escapar.
La Organización de Aviación Civil Internacional determinó posteriormente que el hecho ocurrió en aguas internacionales, en contradicción con la versión del gobierno cubano, que sostuvo que las aeronaves habían ingresado a su espacio aéreo.
Al momento del incidente, Raúl Castro se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La acusación también alcanza a otros cinco ex militares cubanos señalados como presuntos involucrados en la operación.
Tras conocerse la decisión judicial, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel cuestionó la postura de Washington a través de redes sociales, mientras que el canciller Bruno Rodríguez calificó la medida como parte de una política de hostilidad hacia la isla.
En paralelo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció una propuesta de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares destinada a alimentos y medicamentos para la población cubana, en medio de la crisis energética y económica que atraviesa el país.
La acusación se suma a otras sanciones adoptadas recientemente por la administración Trump contra funcionarios y organismos cubanos. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no precisaron cómo buscarían ejecutar una eventual detención de Raúl Castro, quien permanece en Cuba.
