El juicio por delitos de lesa humanidad denominado “Laguna Paiva II” continúa desarrollándose en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, donde se investigan graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar. El debate oral comenzó el pasado 5 de mayo y tiene como eje los delitos sufridos por 34 víctimas, varias de ellas oriundas de la ciudad de Laguna Paiva.
La causa aborda hechos de privación ilegal de la libertad, tormentos agravados, violación de domicilio, abandono de persona, apremios ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. La mayoría de las víctimas padeció estos delitos en distintos momentos de 1980 y permaneció cautiva en centros clandestinos de detención de la ciudad de Santa Fe, para luego ser trasladada a unidades penitenciarias de distintos puntos del país.
El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal general Martín Suárez Faisal.
En el banquillo de los acusados se encuentran cuatro imputados: los expolicías de inteligencia Eduardo Enrique Riuli, Oscar Alberto Cayetano Valdez y Antonio Parvellotti, además del exsecretario judicial del fuero federal Víctor Hermes Brusa.
Durante las últimas audiencias, uno de los aspectos más relevantes estuvo vinculado a las declaraciones de quienes eran niños y niñas al momento de los secuestros de sus padres. Desde la querella destacaron el carácter inédito y reparador de estos testimonios.
Maricel Salera, integrante de la querella, explicó que “declararon todas las infancias, todos los niños y niñas que en su momento fueron víctimas de abandono por parte de los genocidas”. Además, remarcó la importancia de que pudieran relatar sus experiencias ante un tribunal: “Lo importante es que pudieron contar después de muchísimo tiempo, desde un lugar más reparador, cuáles fueron sus historias y lo que vivenciaron en el año 80 cuando, a raíz del secuestro de sus padres, quedaron solos”.
Por su parte, Susana Cazzaniga señaló que las audiencias permitieron incorporar elementos desconocidos hasta ahora. “Se están recabando datos que en algunos casos no se conocían. Lo que vemos es que siempre en los juicios, frente a un tribunal, aparecen recuerdos que antes en las conversaciones no estuvieron”, sostuvo.
La querellante indicó además que, tras esta primera etapa, el juicio ingresará en un breve receso y retomará en junio con nuevos testimonios y visitas a los lugares donde estuvieron detenidos algunos de los niños y niñas afectados por el terrorismo de Estado.
Cazzaniga también puso el foco en la relevancia histórica de juzgar el abandono de las infancias como un delito de lesa humanidad. “Siempre se dieron juicios por la apropiación y nunca se tomó a la infancia que había quedado y fue secuestrada con sus padres, a las infancias que sufrieron tortura para que los padres hablaran, a las infancias que quedaron absolutamente a merced de lo que la vida quisiera hacer con ellos”, afirmó.
En ese sentido, consideró que este juicio podría marcar un precedente para futuras investigaciones y reparaciones. “Para nosotros esta figura de abandono como delito de lesa humanidad es como abrir puertas para otras reparaciones”, concluyó.
De acuerdo con las estimaciones de las partes intervinientes, la sentencia podría conocerse durante el mes de agosto.
