La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cuestionó las recomendaciones de reforma tributaria realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Argentina y reclamó la convocatoria urgente a un nuevo consenso fiscal que priorice cambios estructurales en los impuestos provinciales y municipales.
La postura de la entidad empresaria surge luego de que el FMI difundiera el pasado 26 de mayo una serie de propuestas tributarias que incluyen ampliar la base del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, extender el alcance del IVA a productos y servicios actualmente exentos y reformar el régimen del Monotributo elevando sus categorías.
Para CAME, estas iniciativas tienen un impacto directo sobre trabajadores, pequeños contribuyentes y el consumo interno, sin abordar los tributos que —según la entidad— representan el principal obstáculo para la inversión y la generación de empleo formal.
Críticas a las propuestas del FMI
Desde la organización pyme calificaron las recomendaciones del organismo internacional como “reformas regresivas” al considerar que reducen el poder adquisitivo de los asalariados y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos.
Según planteó la entidad en un documento difundido este lunes, las propuestas no contemplan el peso de la tributación subnacional, particularmente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas municipales.
Para CAME, allí se encuentra “el nudo fiscal más dañino” para la actividad económica argentina.
La entidad sostuvo que los tributos provinciales y municipales generan una presión que puede representar entre el 2 % y el 6 % de las ventas brutas de una empresa, independientemente de su nivel de rentabilidad.
Además, advirtió sobre el efecto “cascada” del impuesto a los Ingresos Brutos, al aplicarse en cada etapa del proceso productivo y comercial.
El problema de las retenciones y los saldos a favor
Uno de los principales cuestionamientos de CAME apunta a los sistemas de retención y percepción provinciales.
Según el comunicado, estos mecanismos funcionan como adelantos impositivos que muchas veces superan el tributo efectivamente adeudado por las empresas y generan saldos a favor que resultan difíciles de recuperar.
La entidad aseguró que en numerosas jurisdicciones los procesos de devolución pueden demorar entre uno y tres años y que, en contextos inflacionarios, esos fondos pierden buena parte de su valor real.
No obstante, destacó que distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe implementaron mecanismos de devolución exprés hasta determinados montos para aliviar el problema.
CAME también cuestionó la falta de estadísticas públicas sobre el stock de saldos a favor pendientes y consideró que el sistema termina funcionando como un “préstamo forzoso” sin remuneración a favor de los fiscos provinciales.
El nuevo consenso fiscal que propone CAME
Frente a este escenario, la entidad propuso avanzar en un Nuevo Consenso Fiscal entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios.
El objetivo, señaló, debería ser armonizar criterios tributarios, unificar mecanismos de retención y percepción y establecer reglas permanentes de devolución de saldos a favor en todo el país.
Entre las principales reformas impulsadas aparece la racionalización del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
CAME plantea eliminar su aplicación en las etapas intermedias de producción y limitarlo únicamente a la venta final al consumidor, en un esquema similar al IVA, para reducir el efecto acumulativo que afecta la competitividad empresarial.
La propuesta también asigna un rol central a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, organismo que —según la entidad— debería coordinar y fiscalizar el cumplimiento de las reglas tributarias comunes entre las distintas jurisdicciones.
“La reforma que necesita Argentina”
En su posicionamiento, CAME advirtió que aumentar la carga tributaria sobre salarios y consumo no resolverá los problemas estructurales de la economía.
“Reducir el poder adquisitivo de los trabajadores mediante mayor retención de Ganancias no genera empleo ni mejora la competitividad”, sostuvo la entidad.
Para el sector pyme, una reforma tributaria sostenible debe concentrarse en corregir los impuestos distorsivos que afectan a la producción y desalientan la inversión, especialmente en el interior del país, antes que ampliar la presión fiscal sobre trabajadores y pequeños contribuyentes.
