Hace 11 años que el 3 de Junio dejó de ser una fecha más en el calendario. La irrupción del movimiento Ni Una Menos marcó un antes y un después en la discusión pública sobre la violencia de género en Argentina. Desde entonces, los feminismos lograron instalar en la agenda social y política una problemática históricamente invisibilizada.
Sin embargo, este nuevo aniversario encuentra a la sociedad atravesada por una sensibilidad particular. Los recientes femicidios de Dulce Candia, en Misiones, y de Agostina Vega, en Córdoba, volvieron a sacudir al país y reabrieron debates que parecían haber alcanzado ciertos consensos después de años de lucha.
Al mismo tiempo, discursos impulsados desde sectores conservadores, espacios de extrema derecha y comunidades vinculadas al universo “incel” continúan reproduciendo narrativas que desvalorizan a las mujeres, las reducen a objetos de deseo o reproducción y cuestionan los avances conquistados en materia de igualdad de género.
Una violencia que no cede
Los datos reflejan que la problemática sigue vigente. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante 2025 se investigaron 204 causas por posibles femicidios que involucraron a 200 víctimas directas y 19 víctimas vinculadas, lo que equivale a un asesinato por razones de género cada 44 horas.
Si bien el informe registra una disminución del 12,3% respecto de 2024, las cifras continúan siendo alarmantes.
Por su parte, el observatorio de Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) informó que durante los primeros cinco meses de 2026 se registraron 105 muertes violentas por razones de género: 80 femicidios directos, cinco vinculados, tres transfemicidios o travesticidios, cinco suicidios feminicidas y 12 casos ocurridos en contextos de narcotráfico o crimen organizado. Según este relevamiento, en Argentina ocurre un femicidio cada 35 horas.
Detrás de cada número hay historias, familias destruidas y mujeres que buscaron ayuda sin encontrar respuestas suficientes.
La necesidad de políticas públicas
Las estadísticas evidencian que la violencia machista continúa siendo un problema estructural que requiere políticas públicas sostenidas. La asistencia inmediata a mujeres en situación de riesgo, el fortalecimiento de las redes de acompañamiento, la protección de quienes han quedado aisladas por vínculos violentos y la prevención desde edades tempranas aparecen como herramientas fundamentales.
Las organizaciones feministas advierten que muchos de estos programas han sufrido recortes o pérdida de recursos en los últimos años. La preocupación se centra especialmente en la disminución de dispositivos de prevención, asistencia y acompañamiento.
La educación también ocupa un lugar central en este debate. No sólo se trata de brindar herramientas para que niñas y adolescentes puedan reconocer situaciones de violencia, sino también de promover modelos de convivencia basados en el respeto y la igualdad entre los géneros.
El lugar de los hombres en la discusión
Una de las críticas frecuentes dirigidas a los movimientos feministas sostiene que existiría un discurso de rechazo hacia los hombres. Esa percepción, real o no, ha generado en algunos sectores masculinos incomodidad, resistencia o incluso temor a involucrarse en el debate.
Sin embargo, cada vez más voces plantean la necesidad de que los hombres participen activamente en la discusión sobre las violencias de género. La creación de espacios de diálogo entre varones para reflexionar sobre masculinidades, vínculos afectivos y conductas violentas aparece como una herramienta valiosa para abordar el problema desde sus raíces culturales.
Por qué sigue siendo femicidio
El femicidio constituye la expresión más extrema de la violencia de género. El concepto tiene antecedentes en el término inglés “femicide”, utilizado para referirse al asesinato de mujeres por razones de género.
La antropóloga y activista Diana Russell redefinió el concepto durante la década de 1970 como el asesinato de mujeres cometido por hombres por el hecho de ser mujeres. Más tarde, en América Latina, la investigadora mexicana Marcela Lagarde popularizó el término para visibilizar los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez.
En Argentina, la figura quedó incorporada al Código Penal mediante la Ley 26.791, sancionada en 2012. Aunque la palabra “femicidio” no aparece expresamente en la norma, la legislación incorporó agravantes específicos para los homicidios cometidos por razones de género o contra personas con las que existía o había existido una relación de pareja.
En los últimos años, sectores del gobierno nacional han cuestionado el enfoque de género en las políticas públicas y han relativizado la existencia de una violencia específica contra las mujeres. Aunque hasta el momento no se avanzó en la eliminación de la figura penal incorporada en 2012, el debate volvió a instalarse en distintos ámbitos políticos y mediáticos.
Para las organizaciones feministas, evitar nombrar los asesinatos de mujeres como femicidios implica desconocer el contexto estructural de violencia en el que ocurren estos crímenes y desdibujar años de construcción política y social en torno al problema.
Una discusión que sigue siendo necesaria
A once años del primer Ni Una Menos, la violencia machista continúa presente en la vida cotidiana de miles de mujeres. Los avances legislativos, la mayor visibilidad del problema y la construcción de redes de acompañamiento han sido conquistas significativas, pero las cifras demuestran que aún queda mucho por hacer.
Mantener el debate en la agenda pública no implica únicamente recordar a las víctimas. También supone discutir qué herramientas son necesarias para prevenir nuevas violencias, acompañar a quienes las sufren y construir una sociedad donde el miedo deje de formar parte de la experiencia cotidiana de las mujeres.
