El diputado provincial Carlos Del Frade presentará este lunes en la Cámara de Diputados de Santa Fe un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle qué medidas adoptaron distintos organismos provinciales ante las denuncias que, desde marzo de este año, advertían sobre la situación que se vivía en el falso geriátrico ubicado en José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte.
La iniciativa solicita conocer las actuaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Dirección Provincial de Personas Mayores y el Centro Territorial de Denuncias, entre otros organismos, para establecer si intervinieron “en tiempo y forma” frente a un caso que derivó en una investigación judicial por presunta reducción a la servidumbre de personas mayores y generó una fuerte conmoción pública.
El antecedente de las denuncias
En los fundamentos del proyecto, Del Frade cita la investigación publicada por Veo Noticias, que dio a conocer que familiares de uno de los adultos mayores habían realizado reiteradas presentaciones meses antes de que el caso saliera a la luz tras el incendio provocado por uno de los residentes para denunciar las condiciones en las que vivían.
Según esa información, las actuaciones comenzaron el 2 de marzo con una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Posteriormente hubo presentaciones en el Centro Territorial de Denuncias y en la Defensoría del Pueblo durante abril y mayo, donde la denunciante manifestó que su padre “no estaba en buenas condiciones” dentro del establecimiento.
El proyecto también recuerda que la Defensoría del Pueblo informó que, debido a que el caso ya había sido judicializado, no podía intervenir directamente en la investigación. Sin embargo, ese mismo 15 de mayo comunicó la situación a la Dirección Provincial de Personas Mayores, desde donde se habría comprometido una intervención urgente de la Dirección Provincial de Auditoría Médica.
Determinar responsabilidades
En el texto legislativo, Del Frade sostiene que resulta “fundamental determinar” cómo actuaron los organismos provinciales involucrados para deslindar responsabilidades frente a una cadena de hechos que terminó con siete personas mayores viviendo en condiciones de extrema precariedad y presuntamente sometidas a situaciones de explotación.
Además, el diputado recuerda que el pasado 30 de julio la Policía de Investigaciones realizó nuevos allanamientos en dos inmuebles vinculados a la causa que investiga el fiscal Manuel Cecchini, mientras continúa la búsqueda de una persona relacionada con el funcionamiento del falso geriátrico que permanece prófuga.
El pedido de informes será presentado este lunes en la Legislatura provincial y busca esclarecer si las advertencias formuladas por familiares y los distintos organismos estatales recibieron la respuesta adecuada antes de que se conocieran públicamente las condiciones en las que permanecían alojados los siete adultos mayores.
