La instalación de una industria salmonera a gran escala en las Islas Malvinas generó una fuerte discusión entre sus habitantes y derivó en un pedido para que la población defina mediante un referéndum si el proyecto debe avanzar.
Según informó el diario británico The Guardian, el emprendimiento divide a los aproximadamente 3.500 habitantes del archipiélago entre quienes destacan su potencial económico y quienes advierten que la actividad podría generar un impacto ambiental significativo en uno de los ecosistemas más sensibles del Atlántico Sur.
El proyecto está impulsado por Unity Marine, una sociedad conformada por la empresa pesquera local Fortuna y la firma danesa F-land ApS. La propuesta contempla la producción de 50.000 toneladas de salmón por año en 16 ubicaciones, lo que convertiría al emprendimiento en el mayor desarrollo industrial costero de la historia de las islas.
Una evaluación encargada por las autoridades locales estimó que una producción de 30.000 toneladas anuales podría aportar unos 35 millones de libras esterlinas por año a la economía del territorio —cerca de 48 millones de dólares— y generar alrededor de 133 puestos de trabajo.
El pedido de un referéndum
Frente a esas proyecciones, la organización Salmon Free Falklands, integrada por residentes que rechazan la instalación de la salmonera, reclama que la decisión sea sometida a una votación popular.
Sally Poncet, integrante del grupo, cuestionó el proceso de consulta pública abierto por las autoridades el 7 de agosto y que permanecerá vigente hasta el 30 de octubre. Según sostuvo, existen dudas sobre la información disponible y sobre la posibilidad de verificar de manera independiente algunos de los datos utilizados en los estudios.
Uno de los principales temores de los opositores está relacionado con los residuos generados por la actividad y su posible impacto sobre los bosques de algas, las zonas de reproducción del calamar y distintas especies de fauna marina.
Las aguas que rodean las islas son un hábitat de lobos marinos, elefantes marinos, delfines, ballenas y cinco especies de pingüinos, además de contar con una importante presencia de kril y calamares.
Cuestionamientos a los estudios ambientales
Las críticas también alcanzaron a los informes utilizados por el gobierno local para analizar la eventual instalación de la salmonicultura.
Louise Cherrie, exintegrante de una autoridad australiana de protección ambiental y asesora de Salmon Free Falklands, cuestionó que todavía no se haya determinado mediante estudios científicos rigurosos cuál sería la capacidad de carga ambiental de las zonas destinadas al cultivo. Es decir, qué cantidad de peces podría criarse sin alterar el equilibrio del ecosistema.
También planteó interrogantes sobre los costos de regulación y sobre la manera en que deberían gestionarse situaciones como las mortandades masivas de peces, un problema registrado en otras regiones donde se desarrolla la salmonicultura.
En la misma línea, Tom Appleby, de la organización Blue Marine Foundation, cuestionó que parte de los informes oficiales se base en información proporcionada por Unity Marine que, según su planteo, no fue verificada de manera independiente.
Qué dice el gobierno de las Malvinas
Las autoridades del archipiélago mantienen una posición formalmente neutral frente al proyecto. Un portavoz citado por The Guardian señaló que el gobierno no está a favor ni en contra de la salmonicultura y que los estudios fueron encargados para aportar elementos a la discusión pública.
Desde la administración también rechazaron que los riesgos ambientales hayan sido ocultados o minimizados.
Según su explicación, el estudio sobre capacidad de carga no buscó establecer cuántos salmones podrían criarse efectivamente en las islas, sino mostrar cómo funcionaría el proceso de modelización frente a un eventual proyecto.
El gobierno también sostuvo que todavía no es posible calcular con precisión los futuros costos regulatorios, debido a que el proyecto se encuentra en una etapa preliminar.
Los antecedentes del proyecto
La discusión tiene antecedentes que se remontan a 2022, cuando las autoridades de las Islas Malvinas rechazaron una propuesta para instalar una granja de salmón.
Posteriormente, Unity Marine impulsó una revisión judicial al considerar que antes de aquella decisión debía haberse realizado una consulta a la población. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo que dejó sin efecto la resolución de 2022 y permitió abrir el actual proceso de consulta.
Desde la empresa, James Wallace, director gerente de Fortuna, defendió el procedimiento. Explicó que Unity Marine no pidió una autorización inmediata para comenzar a operar, sino que permitió avanzar con estudios destinados a determinar la viabilidad de la producción comercial de salmón a gran escala y sus posibles consecuencias económicas, sociales y ambientales.
La compañía también elaboró un plan de negocios indicativo a pedido del gobierno para evaluar las posibilidades económicas del emprendimiento.
Una disputa entre inversión y protección ambiental
El debate sobre la salmonicultura en las Islas Malvinas combina intereses económicos, preocupaciones ambientales y cuestionamientos sobre el proceso de toma de decisiones.
Mientras sus impulsores destacan la posibilidad de diversificar la economía y generar empleo, sus detractores advierten sobre el riesgo de modificar un ecosistema costero considerado estratégico y cuestionan la solidez de la información disponible.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. En paralelo, Salmon Free Falklands busca que la decisión definitiva sea tomada mediante un referéndum, trasladando a los habitantes del archipiélago la definición sobre uno de los proyectos productivos de mayor impacto potencial en las islas.
