La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la excarcelación de 131 personas consideradas presos políticos, en una medida que se produce pocos días después de la primera ronda de negociaciones entre representantes del chavismo y un sector de la oposición.
La decisión se encuadra en la Ley de Amnistía aprobada en febrero, que permite revisar causas iniciadas desde 1999 y modificar las condiciones de detención de personas procesadas por hechos vinculados con la conflictividad política del país.
El anuncio fue realizado por el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, que informó que las decisiones fueron adoptadas por tribunales venezolanos a partir de pedidos formulados por el Ministerio Público.
Sin embargo, la medida no implica en todos los casos una liberación plena. Algunas de las personas beneficiadas quedaron sujetas a medidas cautelares y otras restricciones judiciales, por lo que las organizaciones de derechos humanos remarcaron que una excarcelación no supone necesariamente el reconocimiento de inocencia.
El caso de Emirlendris Benítez
Entre las personas que recuperaron la libertad se encuentra Emirlendris Benítez, uno de los casos que generó mayor repercusión internacional durante los últimos años.
Benítez fue detenida en agosto de 2018, cuando estaba embarazada de cuatro meses, luego de ser vinculada con el atentado con drones ocurrido durante un acto militar en Caracas en el que participaba Nicolás Maduro.
La Justicia venezolana la condenó a 30 años de prisión por delitos como terrorismo, traición a la patria y homicidio calificado en grado de frustración. Sus abogados y organizaciones de derechos humanos cuestionaron las acusaciones y denunciaron irregularidades durante el proceso.
Durante su detención, Benítez denunció haber sufrido torturas y graves abusos físicos. Perdió el embarazo y posteriormente quedó con problemas de movilidad que hicieron necesario el uso de una silla de ruedas, además de padecer dolores crónicos y otras lesiones.
Su situación llegó a organismos internacionales. En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a su favor. Dos años después, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria pidió su liberación inmediata al considerar que su encarcelamiento carecía de una justificación válida.
Continúa la revisión de los casos
La organización Foro Penal confirmó inicialmente 17 excarcelaciones durante la jornada y señaló que el proceso continuaba, por lo que pidió esperar información verificada antes de establecer una cifra definitiva.
La salida de Benítez se produjo junto con la de otras cinco mujeres. La organización que reúne a familiares y defensores de presos políticos también destacó su liberación, aunque advirtió que todavía quedan personas detenidas por causas relacionadas con la persecución política.
La medida fue anunciada después del primer encuentro formal entre el gobierno de Venezuela y un sector de la oposición, en el que se abordaron cuestiones relacionadas con la situación institucional y una eventual transición política.
El proceso de excarcelaciones se convirtió así en uno de los primeros resultados concretos tras esas conversaciones. Mientras el gobierno presenta la aplicación de la amnistía como parte de una etapa de distensión, las organizaciones de derechos humanos reclaman que la revisión alcance a todos los detenidos por motivos políticos y que las liberaciones sean acompañadas por el levantamiento de las restricciones que todavía pesan sobre algunos de los beneficiarios.
